SANTIAGO.- El pasado 21 de febrero, el Presidente de Bolivia, Evo Morales, enfrentó una de sus principales derrotas. El 51% de los ciudadanos que votaron en el referéndum realizado ese día decidieron que el Mandatario no debía acceder a la posibilidad de una nueva reelección en 2019, truncando sus aspiraciones de continuar al mando del país. Sin embargo, sus adherentes no han cesado en la búsqueda de una fórmula que les permita impulsar nuevamente la candidatura del líder indígena.
Y es que para el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), la consulta realizada a comienzos de este año no fue válida. Denuncian que los ciudadanos bolivianos votaron engañados, producto de una "guerra sucia" impulsada por los medios de comunicación opositores y por el Gobierno de Estados Unidos. Por ello, ya comenzaron a debatir sobre las vías legales para habilitar a Morales como postulante presidencial en los próximos comicios.
Guerra sucia
El jefe de Estado busca optar a la cuarta postulación consecutiva de su carrera. El Mandatario se adjudicó el liderazgo del país en 2005 y fue reelecto en 2009. Tras la promulgación de la nueva Constitución ese mismo año y ante la prohibición legal de poder acceder a una tercera candidatura, el Tribunal Constitucional estableció que el primer mandato de Morales no debía considerarse pues había ocurrido en el marco de la legislación anterior.
En consecuencia, Morales pudo volver a ser candidato en 2014, salir victorioso y asumir en 2015 su tercera gestión. Con esta última, se convirtió en el jefe de Estado que más años ha estado en el Gobierno. Pero pasado menos de la mitad de su nuevo liderazgo, expresó su voluntad de mantenerse en el poder por otro periodo y convocó a un referéndum en busca del respaldo popular para cambiar la Constitución. No obstante, los obstáculos salieron a su camino y fracasó.
El principal fue el escándalo amoroso con Gabriela Zapata, gerente general de CAMC Engineering, empresa china que se adjudicó siete proyectos públicos por más de US$500 millones. La ejecutiva afirmó que tuvo un hijo con él en el marco de una relación pasada. Pero además, fue acusado de tráfico de influencias al sospecharse que pudo haber favorecido a la empresa liderada por Zapata desde 2011. De todas las denuncias de corrupción que han acosado al Gobierno en sus diez años de duración, ésta es la primera que involucró directamente a Morales, afectando enseguida sus niveles de popularidad.
El caso fue ampliamente cubierto por los medios de comunicación, causando la furia de los seguidores del líder altiplánico, quienes acusaron que todo fue parte de una estrategia opositora para desprestigiarlo.
Última oportunidad
Después de que el conteo de votos confirmó la derrota en las urnas, el Gobierno afirmó que respetaría el resultado. No obstante, hace sólo un mes, el mismo Morales dejaba claro que su búsqueda por un nuevo mandato no había terminado. "No estoy preparado para irme a casa (…) aunque hayamos perdido la gente dice: 'Evo, tú debes seguir hasta 2025'", sostuvo en una entrevista con el diario La Jornada de México.
Las denuncias de que el proceso electoral no fue válido y que los ciudadanos votaron engañados por culpa de los medios tomaron cada vez más fuerza. "La prensa se comportó como un cartel de mentiras", dijo Morales. De esta forma, la principal opción legal a la que apelará el oficialismo es a que se realice un nuevo referéndum, a través de la recolección de firmas y realizando cabildos en busca de respaldo.
Pero el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, señaló otra alternativa: la modificación de cargos. Consiste en que "el Presidente (Morales) vaya abajo (como vicepresidente en la plancha presidencial) y otra persona vaya arriba (como presidente)", explicó García a radio Activa de Santa Cruz. Según dijo, considerando la legislación, ello le permitiría a Morales continuar integrando el Ejecutivo y, eventualmente asumir la Presidencia de Bolivia ante la renuncia del mandatario de turno, que para muchos, podría ser el mismo García.
Ambas ideas se analizarán en el congreso del MAS, que se realiza hasta este sábado en la localidad de Montero, en Santa Cruz, con parlamentarios, dirigentes de sindicatos, organizaciones de indígenas y campesinos afines, en busca de la mejor opción para garantizar la continuidad de Evo Morales en la cabeza de Bolivia hasta 2025.
