El presidente del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), Roberto López, anuncia la aprobación de una reforma para "garantizar la sostenibilidad financiera" de la entidad estatal, en riesgo de quiebra por un déficit estimado extraoficialmente en 75 millones de dólares. López aclara que la reforma se aprobó sin consenso con la empresa privada.
El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, rechaza la reforma y advierte que la decisión unilateral "rompe el modelo de diálogo y consenso" que los empresarios mantenían con el Gobierno. Por la noche, decenas de estudiantes realizan una primera protesta pacífica frente a la Universidad Centroamericana (UCA).
Unas 60 personas que protestaban en Managua contra la reforma del INSS son atacadas con piedras y tubos de hierro por activistas del Gobierno. Entre los heridos figuran diez periodistas, varios de quienes fueron golpeados y despojados de cámaras y filmadoras. Incidentes similares se registran en las ciudades de León (occidente) y Matagalpa (norte).
La Policía disuelve con gases lacrimógenos y balas de goma y de plomo una protesta estudiantil frente a la Universidad Nacional Agraria. Se reportan tres muertos (uno de ellos policía) y la cifra de heridos asciende a 37. Las protestas se extienden a 11 ciudades y se suspenden las clases en todos los niveles de la educación. La vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, acusa a los universitarios de estar "manipulados" por "minúsculos grupos tóxicos".
Los hechos violentos en Nicaragua reciben el rechazo mundial. El Papa Francisco, Amnistía Internacional, la oficina de la ONU para los Derechos Humanos y los gobiernos de Alemania, España, Estados Unidos, México y Costa Rica piden detener la violencia. A estos países se les suman Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, que llaman a "todos los sectores a deponer la confrontación y cesar los actos de fuerza". Se contabilizan más de 50 heridos en las protestas. El presidente del Cosep urge instalar un diálogo con el Gobierno y convoca una "marcha por la paz" para el día 23 de abril.
Desconocidos asesinan al periodista nicaragüense Ángel Eduardo Gahona, que cubría una protesta en la ciudad de Bluefields (surcaribe). Murillo dice que los muertos por los disturbios son "casi diez".
Ortega anuncia la derogación de la reforma al INSS y confirma su disposición al diálogo. Invita a la Conferencia Episcopal a participar, aunque rechaza la posición del Cosep de "cesar la represión". Grupos vandálicos realizan saqueos en centros comerciales en varias ciudades del país.
Miles de personas participan en la "Caminata por la Paz", en la mayor movilización no partidista de las últimas décadas. A diferencia de otras manifestaciones, los activistas del Gobierno y la Policía se mantienen alejados de la zona.
El cardenal Leopoldo Brenes, presidente de la Conferencia Espiscopal, anuncia que los obispos asistirán al diálogo como "mediadores y testigos". Ortega responde confirmando su voluntad de dialogar. Los estudiantes, atrincherados en la sede de la Upoli, exigen destituir a los jefes de la Policía, a quienes responsabilizan por la muerte de decenas de jóvenes. Conocidas figuras de la oposición como el obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio Báez, y la poeta Gioconda Belli declaran que la única solución a la crisis es la renuncia de Ortega y de Murillo.
El recién creado Movimiento 19 de Abril (M19A, formado por estudiantes) anuncia su disposición de asistir a un diálogo con el Gobierno, bajo garantías de su seguridad. A sus demandas agregan cesar el uso de la fuerza policial, indemnizar a las familias de los fallecidos y la aparición con vida de unos 60 jóvenes desaparecidos.
La no gubernamental Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) informa que 63 personas murieron en las protestas, en su mayoría jóvenes. La cifra sextuplica el número de muertes informadas por el Gobierno de Nicaragua.
Se realiza una segunda gran marcha pacífica en Managua, para pedir paz y justicia, convocada esta vez por la Iglesia católica y a la que asisten millares de capitalinos y de campesinos llegados desde el sur del país.
El Parlamento, dominado por el gobernante Frente Sandinista, crea una Comisión de la Verdad, con integrantes también vinculados al partido oficial. Los universitarios rechazan la instancia y exigen la presencia en el país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA.
En una gran manifestación de apoyo a su Gobierno, Ortega ofrece "diálogo de paz" y acusa a sus "viejos enemigos" políticos de estar detrás de las protestas
Grupos paramilitares y policías realizan un ataque nocturno a estudiantes atrincherados en la Universidad Politécnica (Upoli) de Managua, que deja seis jóvenes heridos.
La Conferencia Episcopal anuncia que el diálogo nacional deberá "revisar el sistema político de Nicaragua de raíz". Los empresarios advierten que la crisis causa pérdidas millonarias al turismo y las exportaciones.
Varias organizaciones de estudiantes anuncian la formación de la Coalición Universitaria y condicionan su presencia en el diálogo a la llegada de una delegación de la CIDH.
Decenas de miles de personas participan en una tercera marcha pacífica contra el Gobierno, organizada por estudiantes y la sociedad civil. Surge el movimiento de mujeres "Madres de abril" para apoyar a familiares de fallecidos.
El Gobierno se declara "listo" para el diálogo. Por la noche, ataques de paramilitares a dos universidades de Managua dejan un muerto y 11 heridos.
Fuerzas de choque apoyadas por policías antimotines atacan a manifestantes en la ciudad de Masaya. Los enfrentamientos se saldan con un muerto y un centenar de heridos.
El Ejército de Nicaragua toma distancia de Ortega y declara que no reprimirá protestas sociales, a la vez que declara su apoyo a un diálogo nacional.
El Gobierno invita formalmente a la CIDH a visitar Nicaragua. La Conferencia Episcopal convoca para el inicio del diálogo nacional el 16 de mayo. Reportan enfrentamientos en cuatro ciudades.
Se instala el diálogo nacional. Estudiantes y representantes de la sociedad civil exhortan a Ortega a "ordenar el cese de la represión" y a retirarse del poder. El Mandatario justifica la actuación gubernamental.
