SANTIAGO.- "El Gobierno está permitiendo que se pueda matar por la espalda", enfatizó en una entrevista con radio El Destape, el ex juez argentino Carlos Rozanski. El magistrado se refiere nuevo reglamento impulsado por la Casa Rosada que entrega mayores libertades a las fuerzas de seguridad federales para usar armas de fuego.
Se trata de la resolución 956/2018 firmada el 27 de noviembre pasado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que fue publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado. La misma que ha provocado alarma en las organizaciones de derechos humanos por considerar que promueve el denominado "gatillo fácil".
El reglamento en cuestión establece que las fuerzas federales de seguridad podrán utilizar armas letales,
sin la obligatoriedad de primero advertir al sospechoso y aunque no haya existido una agresión directa previa.
Así, si los agentes consideran que existe "peligro inminente" en su contra o de terceros, están autorizados para disparar. También lo están si es "para impedir la comisión de un delito particularmente grave", para "proceder a la detención de quien represente ese peligro inminente y oponga resistencia a la autoridad" o para impedir la fuga de un sospechoso.
Hasta ahora, estaba expresamente prohibido disparar cuando el delincuente escapaba, excepto que mientras lo hiciera atacara. El protocolo además deroga cualquier normativa que resulte contraria a él.
La medida aplica para la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), todas bajo jurisdicción del Ministerio de Seguridad. Sin embargo, también se invitó a las administraciones locales a adoptarlo.
Críticas y oposiciones
La nueva norma considera "peligro inminente" a aquellos actos en los que exista "amenaza de muerte o de lesiones graves", o en caso de que se perciba que el sospechoso porta un arma letal, incluso si es que luego se comprueba que "se trataba de un símil". Se añade que la misma consigna se aplicará para aquellas situaciones en que los agentes "presuman verosímilmente" que el sujeto "pueda poseer" un arma.
"Situaciones como los controles vehiculares, las persecuciones callejeras o cualquier intento de robo en la vía pública se convierten en escenarios en los que los policías podrían hacer uso del arma"
CELS
El entregar por completo la evaluación de las situaciones a los agentes provocará, según diversas organizaciones, que se "
multipliquen los hechos de violencia institucional". "A partir de hoy, situaciones como los controles vehiculares, las persecuciones callejeras o cualquier intento de robo en la vía pública se convierten en escenarios en los que los policías podrían hacer uso del arma de fuego y justificarlo fácilmente", expresó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Manuel Tufró, coordinador del equipo Seguridad democrática y violencia institucional de la misma organización profundiza en ello. "Se trata de una ampliación de qué es el cumplimiento del deber y de lo que significa una situación de peligro inminente, que es el recurso que usan muchos policías para justificar el uso desproporcionado de la fuerza", dijo al diario trasandino Clarín.
Lo mismo opinaron desde la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi). "Con esta normativa, el 'gatillo fácil' es ley. Ya no necesitas que del otro lado haya una fuerza equivalente para disparar", sostuvo María del Carmen Verdú, abogada de Correpi.
Denuncias contra Bullrich y el fuego amigo
La medida va de la mano con un proyecto de reforma al Código Penal que impulsa el Gobierno liderado por Mauricio Macri. Éste busca que no se penalice a aquellos agentes que provoquen la muerte de un sospechoso como consecuencia "del cumplimiento de su deber y en uso de sus armas de forma reglamentaria".
En ese sentido, desde el Ejecutivo defendieron arduamente el nuevo reglamento que entró en vigor la semana pasada, argumentando que entregará mayor seguridad a la ciudadanía. "Establecimos una normativa objetiva que le va a permitir a las fuerzas de seguridad proteger a la gente y no estar pensando que si toman la decisión que tienen que tomar, van a terminar procesadas o encarceladas", explicó a la emisora argentina Radio Mitre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, responsable del protocolo.
"Vamos a tener una sociedad ordenada que tenga claro dónde está el bien y donde está el mal"
Patricia Bullrich, ministra de Seguridad
Según Bullrich, con la nueva reglamentación, las fuerzas de seguridad ya no estarán en "inferioridad de condiciones" respecto a los sospechosos. "
Acá hubo una doctrina en la que las fuerzas de seguridad solo tenían que esperar que el delincuente tire primero (…) Qué tiene que hacer un policía, ¿preguntarle al delincuente si tiene una réplica?", sentenció.
Por último destacó que esta nueva fórmula es internacional y está basada en los reglamentos de las Naciones Unidas. "Van a poder obrar de acuerdo a la normativa internacional, del mismo modo que en Uruguay, Chile, México, Paraguay o Estados Unidos", sostuvo. "Vamos a tener una sociedad ordenada que tenga claro dónde está el bien y donde está el mal", dijo luego en declaraciones a radio Con Vos.
Sin embargo, la normativa no solo le ha traído críticas a Bullrich por parte de la oposición y ONGs, sino que también ha provocado fuertes cuestionamientos desde su mismo sector e incluso, medidas judiciales en su contra.
La diputada Elisa Carrió, una de las líderes del oficialista frente Cambiemos, rechazó la medida y aseguró que a la ministra de Seguridad "se le va la mano". "La reglamentación (...) viola los derechos humanos fundamentales. Nosotros no vamos a ir al fascismo", escribió en su perfil de Twitter.
" (Bullrich) está consagrando, por vía de un reglamento aprobado por una resolución ministerial, la aplicación de la pena de muerte sin juicio previo"
Carlos Rozanski, ex juez
En tanto, el ex juez Carlos Rozanski y el ex subsecretario de Derechos Humanos, Luis Alén, denunciaron a Bullrich ante la Justicia por considerar que la secretaria de Estado "está consagrando, por vía de un reglamento aprobado por una resolución ministerial, la
aplicación de la pena de muerte sin juicio previo".
Este miércoles, la ministra sufrió su más reciente revés respecto a la normativa. La administración local de Buenos Aires había decidido adherirse al cuestionado protocolo. Sin embargo, esta mañana un juez declaró inconstitucional e inaplicable en el territorio de la capital.
