USULUTÁN.- Una corte de El Salvador, uno de los países que prohíbe todas las formas de aborto, marcó precedente el lunes al liberar a Imelda Cortez, una joven acusada de intento de homicidio por supuestamente tratar de abortar a una niña producto del abuso sexual por parte de su padrastro.
Cortez compareció el lunes ante el Juzgado de Sentencia de la localidad de Usulután (oriente) por segunda ocasión, ya que el pasado 12 de noviembre, día en que estaba prevista la instalación de la diligencia, la Fiscalía no se presentó y la sesión fue aplazada.
Durante el proceso, la defensa alegó que
la joven sufrió una emergencia obstétrica durante su embarazo, que llegó a término y actualmente su hija tiene un año y siete meses de edad.
El proceso dio un giro inesperado, puesto que la Fiscalía, con la venia de la defensa de Cortez, solicitó un "juicio abreviado" y el cambio en la tipificación de delito, pasando de intento de homicidio a abandono y desamparo de persona en perjuicio de una menor de edad.
"Sí acepto el (juicio) abreviado y acepto que abandoné a mi hija", expresó la joven durante su declaración.
Sin embargo, el juez del caso, Hugo Noé García, decidió absolver a Cortez del delito de intento de homicidio, porque, según el fallo emitido este lunes, la "joven no actuó con dolo" y, de acuerdo con los informes médicos, "sufrió una grave perturbación de la conciencia luego de expulsar a su hija en una letrina".
Bertha María Deleón, una de las abogadas de la joven de 20 años de edad, aplaudió la decisión del juez y aseguró que "lo de hoy demuestra que las autoridades judiciales están comenzando a analizar los casos de otra forma y en beneficio de los derechos de las mujeres".
"Estamos satisfechos por el fallo y creemos que este caso es un precedente importante para la justicia del país", indicó.
La letrada también señaló que
la Fiscalía "reconoció su error" al cambiar la tipificación del delito, "por lo que estamos satisfechos por su actuar en esta audiencia".
En esta misma línea, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) celebró la liberación de Cortez y señaló que la decisión del tribunal es un "buen precedente jurídico" en el país centroamericano.
"El caso constituye un buen precedente jurídico, criminológico y social, en donde se absuelve a una mujer que ha sido víctima" de violación y de un sistema judicial que criminaliza y es "injusto", apuntó la organización en un comunicado.
Añadió que la decisión judicial también es "un primer paso en la búsqueda de la justicia para Imelda", dado que "el sistema judicial tiene el reto de generar otro precedente en el caso donde es víctima de violación por parte de su padrastro".
La Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC) también se pronunció al respecto y agradeció a los organizaciones de mujeres por acompañar a la joven y a su familia.
"Celebramos el fallo absolutorio otorgado a Imelda con el que se le restituyen los derechos negados y vulnerados por el Estado salvadoreño durante más de un año", indicó en sus redes sociales.
Mientras, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) indicó que esta noticia les "llena de emoción; después de años, Imelda camina en libertad, es declarada inocente y absuelta de cargos".
"Aún quedan mujeres con una historia similar, a través de la política criminalizante y llena de estereotipos que se mantiene en El Salvador (...) hoy celebramos este enorme paso, pero reafirmamos nuestro compromiso, seguiremos pendientes con nuestros #OjosEnElSalvador hasta que el Estado termine de saldar las deudas que tiene con las mujeres", apuntó.
Según el relato difundido por las organizaciones que apoyan a Cortez,
ella sufrió desde los 12 años de edad abuso sexual por parte de su padrastro, quien también la embarazó, y es procesada desde abril de 2017 por el delito de tentativa de homicidio agravado.
El Salvador es uno de los pocos países del mundo en los que el aborto está prohibido en todas las circunstancias, y donde las mujeres que sufren complicaciones del embarazo, que provocan abortos espontáneos o emergencias obstétricas, son a menudo acusadas de homicidio agravado por la Fiscalía.
