Corresponde a la ley de derechos civiles de Estados Unidos firmada por el Presidente Ulysses S. Grant en abril de 1871, para ayudar a hacer cumplir la 14° Enmienda que había sido ratificada tres años antes.
Si bien la enmienda definió al ciudadanía y garantizó el debido proceso e igual protección de ley para todos —incluidos los esclavos liberados— los grupos de vigilancia, incluido el Ku Klux Klan (KKK), continuaron amenazando a los negros y sus aliados blancos, socavando los esfuerzos de la Reconstrucción.
El acta fue una serie de acciones diseñadas para eliminar la violencia y proteger los derechos civiles y políticos de 4.000.000 de esclavos liberados.
Desde entonces, según la Corte Suprema de los EE.UU. ha dicho que esta acta puede invocarse en demandas civiles contra funcionarios públicos pero no contra ciudadanos privados, según el profesor de derecho de la U. de Boston, Jack Beermann.
La Ley KKK autorizó originalmente al Presidente a intervenir en los antiguos Estados confederados donde se violaban los derechos civiles y políticos. También permitió a las personas demandar por daños monetarios si sus derechos constitucionales habían sido violados por alguien que actuaba bajo la autoridad del Estado.
Hoy en día, se invoca con frecuencia en demandas que involucran brutalidad policial o violaciones de la ley de votación, aunque rara vez se le llama La Ley Ku Klux Klan, dijo Beermann. Para él, el reclamo de Gardner también es inusual porque involucra a un funcionario público demandando a otros funcionarios públicos.
El Acta fue citada en una demanda de 2017 contra supremacistas blancos que organizaron un motín violento en Charlottesville, Virginia.
Los abogados de diez personas que experimentaron violencia en aquella concentración masiva, y contramanifestantes, dicen que las conversaciones entre los organizadores, donde se incluían distintos tipos de armas, constituían una conspiración para violentar a las minorías raciales. Ante este suceso, Beerman explica que ese argumento tenía una dificultad: involucraban sólo particulares.
Para ganar un caso alegando una conspiración, dice, el demandante debe demostrar que los funcionarios públicos estuvieron involucrados en una conspiración por motivos raciales para privar a alguien de sus derechos constitucionales: "La motivación racial podría incluir tratar de detener la reforma de las instituciones racistas", sostiene Beerman.
En San Luis, la demanda de Gardner citó publicaciones racistas en Facebook de agentes de policía locales, las cuales llevaron al despido a dos oficiales veteranos. La demanda dice que el sindicato de policías "hizo todo lo posible" para apoyar a los oficiales blancos acusados de violencia y fuerza excesiva contra los negros, incluida la fianza de un oficial acusado de asesinato. Ante esto el sindicato salió al paso a defenderse, diciendo que consideraba la demanda "frívola y sin mérito".
