Pedro Sánchez, presidente español.
AFP
El Gobierno español obtuvo la noche de este martes en el Congreso luz verde para empezar a tramitar una ley prometida hace dos años reconociendo el derecho a la eutanasia en estrictas condiciones, proyecto que es rechazado por la derecha y la Iglesia.
La Cámara baja aprobó tramitar el proyecto con 203 votos a favor, 140 en contra y 2 abstenciones, tras lo cual su presidenta, Meritxell Batet, anunció: "Se toma en consideración la proposición de ley".
A partir de ahora, la propuesta será debatida en profundidad y debe ser aprobada por el Congreso y el Senado, un proceso que tomará meses.
"España da un paso decisivo para reconocer el derecho a una muerte digna. Gracias a las personas y colectivos que llevan años peleando por ello", tuiteó el Presidente de España, Pedro Sánchez.
Es la tercera vez desde 2018 que los socialistas presentan esta proposición de ley que no solo despenaliza la eutanasia, sino que la convierte en "un nuevo derecho individual".
El texto prevé que quienes sufran una enfermedad grave, invalidante o incurable que les causa un sufrimiento intolerable puedan ser auxiliados para morir si ellos lo solicitan.
La demanda debe realizarse por escrito, repetirse quince días más tarde y ser aceptada sucesivamente por dos médicos y revisada por una comisión. La ley, además contempla el derecho a la "objeción de conciencia" para los centros de salud que no quieran participar en la eutanasia.
"Tenemos grandes expectativas con que esta vez (...) la ley salga adelante" y entre en vigor a final de año, declaró el lunes el doctor Fernando Marín, de la asociación Derecho a Morir Dignamente.
Oposición
Los partidos de gobierno, sus aliados nacionalistas e independentistas y los liberales de Ciudadanos se posicionan a favor del texto, formando una amplia mayoría. Mientras que los conservadores del Partido Popular (PP) y la extrema derecha de Vox, segunda y tercera fuerza, la rechazan.
El Partido Popular, así como la Iglesia católica, consideran que los cuidados paliativos son suficientes en estas situaciones.
"Provocar la muerte de manera activa nunca es una buena solución", dijo el martes el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello.
Actualmente, la ayuda al suicidio y la eutanasia conllevan entre dos y diez años de cárcel, penas que pueden reducirse si la persona sufría una enfermedad grave y pidió morir.
El debate llega 22 años después de la muerte del español Ramón Sampedro, tetrapléjico desde los 25 años, que pasó 29 años reclamando el derecho a la eutanasia.
