El miércoles se dio a conocer que, mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU), el Gobierno argentino realizará modificaciones a la Ley de Inteligencia Nacional que provocará un recorte de las funciones y atribuciones que actualmente tienen los espías. Dentro de este cambio, se le prohibirá a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) colaborar con la justifica en investigaciones criminales.
En el marco de estos anuncios y, tal y como lo había adelantado el Presidente trasandino, Alberto Fernández, el Gobierno desclasificará –vía decreto simple- la información entregada por los organismos de inteligencia nacionales en los procesos judiciales del atentado a la AMIA, cuando estos "ya cuenten con una sentencia judicial".
Cabe recordar que el ataque a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, el principal centro comunitario de los judíos en Argentina, ha sido el peor atentado terrorista ocurrido en ese país y fue llevado a cabo por un coche bomba el 18 de julio de 1994, lo que dejó a 85 personas muertas y centenares de judíos.
Desclasificación de los archivos de la AMIA
En la actualidad, hay vigentes varios decretos promulgados durante la presidencia de Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Mauricio Macri que avanzaron en el tema de la desclasificación de las notas, informes y resoluciones de la AFI, que fueron llevadas a la unidad fiscal-AMIA.
Pero ahora, se le dará un carácter "público" a la información entregada por el Gobierno en el marco de los procesos judiciales vinculados a la AMIA y permitirá que "trascienda el ámbito oficial". Lo que significa que si la Justicia lo permite, podrían ser accesibles a toda la sociedad civil y no solo a los poderes del Estado.
A lo largo de estos 25 años, los documentos vinculados a las investigaciones del atentado a la AMIA se han ido acumulando en una base de la AFI, en un edificio –con dirección secreta- que estaba en precarias condiciones y que actualmente está siendo restaurado.
Contenido de los expedientes
La desclasificación incluirá los expedientes producidos por la AFI e información entregada en "las audiencias de los juicios realizados". Lo que incluye las declaraciones testimoniales dadas por los espías durante los juicios y partes que no fueron abiertas al público, a diferencia de las demás audiencias.
Según fuentes oficiales, la nueva normativa incluiría también declaraciones testimoniales hechas durante la etapa de instrucción de las causas.
Eso sí, el decreto de Fernández sostiene que solo se podrá abrir la información contenida en causas que ya hayan tenido sentencia. En esa descripción entraría el primer juicio por el atentado a la AMIA, que investigó los vínculos locales y que terminó con la absolución de los principales acusados por el ataque debido a las irregularidades cometidas por el ex juez federal Juan Galeano.
También estaría el primer juicio por encubrimiento que terminó en 2019, en el que un tribunal absolvió al ex Presidente Carlos Menem y condenó a su ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy y al ex juez federal Juan Galeano, además de los fiscales del caso José Barbaccia, Eamon Mullen y Carlos Telleldín, el último propietario de la camioneta utilizada como coche bomba en el atentado.
Por otro lado, la última causa por presunto encubrimiento, que empezó por la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra la actual vicepresidenta Cristina Fernández por la firma del memorándum con Irán, no tiene sentencia, por lo que esa información no se podrá desclasificar.
Además, la liberación de los expedientes no se refiere a la información aportada por representantes de otros países, como las colaboraciones de las agencias de inteligencia extranjeras, como la CIA o el Mossad.
La normativa crea una "mesa de diálogo" integrada por organismos estatales y la sociedad civil para procurar "transparencia y eficacia" en la difusión de la información hasta ahora clasificada. Se invitará al Ministerio Público Fiscal, las víctimas, a familiares y a querellantes en las causas.
La desclasificación de los documentos secretos vinculados a AMIA se produce tras la petición de la agrupación Memoria Activa. Luis Czyzewski, ex dirigente de la Asociación de Familiares de la Víctimas de la AMIA, indicó en la radio Jai que era escéptico sobre el alcance de la medida, luego de los sucesivos decretos dictados en los últimos 17 años en este sentido. Czyzewski consideró "muy importante" conocer a "quién se le va a dar la información, quién va a controlar que la información que se abre es todo la que existe y si se va a entregar lo proporcionado por servicios extranjeros".
Por su parte, el presidente de la AMIA, Ariel Eichbaum, consideró que "la intención es muy buena" y manifestó que espera "ver los resultados" para que "no quede como otra promesa que no se concreta".
