Un grupo de familiares de víctimas del covid-19 presentaron este miércoles una querella ante el tribunal de Bérgamo, en el norte de Italia, por negligencia y errores en el manejo de la pandemia que causó la muerte de más de 34.000 personas.
Se trata de la primera acción legal en grupo presentada en la península, entre los países más golpeados por el coronavirus.
"No queremos venganza, queremos justicia", aseguró
Stefano Fusco, de 31 años, entre los fundadores del grupo en Facebook "Denunciaremos. Verdad y justicia para las víctimas del Covid-19", cuyo abuelo murió del virus en marzo en un hogar de ancianos.
Acompañados por abogados y miembros del comité, los familiares presentaron 50 denuncias a la fiscalía de Bérgamo, la ciudad mártir de la pandemia, "porque se ha convertido en el símbolo de esta tragedia, aunque provienen de todo el país", explicó.
La página deFacebook, que en sólo dos meses cuenta con más de 50.000 adhesiones, se transformó en un comité nacional, con abogados que estudian presentar otras 150 querellas, explicó Fusco.
Los familiares acusan a las autoridades por haber tardado en declarar la ciudad "zona roja", algo que la asociación, así como algunos partidos y sindicatos, atribuyen a que se antepusieron los intereses económicos a los de la salud ya que se trata de una próspera zona industrial.
Del mismo modo, también cuestionan la política de recortes aplicada por años al sistema de salud para favorecer una privatización que golpea a los más vulnerables.
La fiscalía de Bérgamo deberá decidir sucesivamente si hay elementos para la apertura de un juicio. No obstante, el ente persecutor ya había abierto una investigación sobre el caso y escuchado los testimonios de políticos, entre ellos el gobernador de Lombardía, Attilio Fontana, y a su consejero para la Salud, Giulio Gallera.
Interrogatorio al Gobierno
En esa línea, la fiscalía interrogará a miembros del Gobierno, entre estos el Primer Ministro Giuseppe Conte, la ministra de Interior, Luciana Lamorgese, y el titular de Sanidad, Roberto Speranza, en su calidad de "personas informadas" (es decir, sin atribuirles delito alguno), según informan hoy medios locales.
Sus testimonios engrosarán la investigación sobre la gestión de la pandemia del coronavirus, pero los fiscales se centrarán en preguntar a los miembros del Ejecutivo por las razones que les llevaron a no aislar inmediatamente como "zonas rojas" los municipios de Nembro y Alzano Lombardo (norte), a la postre dos de los más damnificados.
El pasado 21 de febrero, se confirmó el primer caso de contagio de coronavirus en el municipio lombardo de
Codogno y al día siguiente del estallido de la crisis el Gobierno decretó el aislamiento de once focos, diez localidades de Lombardía y una del Véneto (norte).
Entre los diez pueblos lombardos no estaban Nembro y Alzano, zonas industriales en la periferia de la ciudad de Bérgamo.
En concreto no fueron aislados hasta el 8 de marzo, cuando el Gobierno decretó el cierre de toda la región de Lombardía y otros territorios aledaños, un paso previo al confinamiento de todo el país, efectivo desde el día 10 de marzo.
El alcalde de Bérgamo, Giorgio Gori, del Partido Demócrata (PD, centroizquierda), uno de los que forman la coalición de Gobierno, ha descartado que las empresas de la zona hubieran podido hacer un efecto "lobby" o presionar al Ejecutivo para seguir operando, aunque reconoció que en aquellos primeros días de la crisis las empresas de estos dos pequeños municipios temieron ser encerradas en la zona roja mientras el resto del país seguía operando.
