El fiscal anticorrupción peruano José Domingo Pérez solicitó a un tribunal de su país que suspenda durante dos años y medio las actividades políticas del partido Fuerza Popular, que lidera la ex candidata presidencial Keiko Fujimori.
Pérez, quien integra el equipo especial que investiga el caso Lava Jato en Perú, presentó el pedido ante el juez Víctor Zúñiga, titular del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, el pasado 17 de julio, informaron este miércoles medios locales.
En su fundamentación, el fiscal requirió que se aplique la Ley de Crimen Organizado incluida en el Código Procesal Penal peruano, tras citar una serie de proyectos de ley y dictámenes que impulsó Fuerza Popular en el Congreso peruano entre 2017 y 2018.
Lavado de activos
Pérez ha incluido a Fuerza Popular en una investigación por presunto lavado de activos por supuestamente haber recibido un millón de dólares de la empresa brasileña Odebrecht para la campaña presidencial de Keiko.
La líder política, hija del ex Presidente Alberto Fujimori, abandonó el pasado 4 de mayo la cárcel de mujeres de Lima donde cumplía una orden de prisión preventiva durante 15 meses mientras es investigada por presuntos actos de corrupción.
Keiko había sido enviada a prisión por un presunto peligro de fuga y obstrucción de la investigación, luego de que varios testigos del caso señalaran que habían sido presionados para no declarar.
Sin embargo, un tribunal ordenó que Keiko continúe la investigación con comparecencia restringida, cinco meses después de que una decisión similar del Tribunal Constitucional (TC) ordenara el fin de una primera orden de prisión preventiva que cumplía.
Fujimori había pasado ese primer período en la cárcel desde inicios de noviembre de 2018 a finales de noviembre de 2019.
Vínculos con Odebrecht
El equipo fiscal que investiga el caso Lava Jato le imputa a Fujimori haber ocultado bajo una contabilidad ficticia millonarias donaciones de grandes empresas peruanas y extranjeras, entre estas el millón de dólares de Odebrecht y unos 3,65 millones de dólares de Credicorp, el mayor grupo financiero de Perú.
Fuerza Popular ha sido comprendida en esta investigación porque la Fiscalía considera que Keiko conformó una organización criminal al interior del partido para captar recursos de fuentes indebidas.
Según la tesis fiscal, este partido "tenía entre sus fines obtener el poder político" y para ello recibió "aportes ilícitos provenientes de actos de corrupción del grupo empresarial brasileño Odebrecht en el Perú y diversas localidades del mundo".
Una vez en el poder, añadió, el partido retribuiría "estos aportes ilícitos mediante el otorgamiento de obras sobrevaluadas, beneficios normativos y/o favorecimientos judiciales, continuando así como un mecanismo de corrupción empresarial y estatal".
Sin poder político
Durante el segundo período de prisión de Keiko, el partido Fuerza Popular perdió todo el poder político que tenía tras las elecciones de 2016, en las que obtuvo un mayoría absoluta en el Congreso, luego de que el presidente Martín Vizcarra disolviera constitucionalmente el Legislativo y convocara a nuevas elecciones.
De aprobarse la solicitud fiscal, Fujimori no podría postularse a las elecciones presidenciales de 2021 por Fuerza Popular, por lo que la actual legisladora fujimorista Martha Chávez señaló que todo es parte de una "estrategia del señor Pérez y de quienes están detrás de él".
"Hay un propósito de persecución y, como estamos en un año electoral y no han logrado condenar a Keiko Fujimori, han tratado de impulsar modificaciones constitucionales para que las personas con sentencia en primera instancia (no puedan postular)", aseguró Chávez en el Canal N de televisión.
