La Unión Europea (UE) comenzará a partir de este viernes los trabajos preparatorios para endurecer las sanciones contra funcionarios de Bielorrusia "responsables de la falsificación" de los resultados de los comicios presidenciales del pasado día 9 y de la subsiguiente explosión de violencia en las calles.
Los ministros de Relaciones Exteriores de los Veintisiete acordaron
preparar estas sanciones en una reunión extraordinaria convocada por el alto representante de la UE para la Política Exterior,
Josep Borrell, a raíz de la agitada escena internacional en las últimas semanas, no solo en Bielorrusia sino también en el Mediterráneo Oriental o el Líbano.
"La Unión Europea no acepta los resultados electorales (en Bielorrusia). Comienza el trabajo para sancionar a los responsables de la violencia y la falsificación", escribió Borrell en su cuenta de Twitter tras la reunión.
Bielorrusia vive desde el pasado día 9 una ola de protestas contra la victoria del presidente, Alexandr Lukashenko (en el poder desde 1994), que fue reelegido con el 80% de los votos en unas elecciones sobre las que pesan sospechas de fraude y que han sido contestadas por la oposición.
La decisión de imponer sanciones se adoptó de forma unánime y da lugar al inicio de trabajos de tipo técnico para preparar la lista de sanciones; esto es,
seleccionar las personalidades que se verán afectadas y elegir el modo y forma en que se les sancionaría.
No hay un calendario definido para cuándo se adoptarían estas sanciones, que requieren el consenso total de los Veintisiete.
En la actualidad, la Unión Europea mantiene con Bielorrusia un embargo de armas y una prohibición de la exportación de bienes usados para la represión interna, aunque levantó buena parte del paquete de restricciones en 2016 al reconocer "pasos" de este país para mejorar las relaciones con el bloque comunitario.
Algunas de las medidas que están sobre la mesa en esta ocasión y que son habituales en el paquete europeo de sanciones a nivel internacional son la congelación de activos en la UE y la prohibición de entrar en territorio comunitario.
Aunque países como Austria habían abogado por evitar la imposición de sanciones y preferían instar al diálogo interno, otros como Alemania y varios del entorno geográfico de Bielorrusia, como Lituania, se habían mostrado mucho más partidarios en favor de medidas restrictivas, posición que compartieron la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y el del Parlamento Europeo, David Sassoli.
