El empresario argentino Lázaro Báez, en prisión preventiva desde 2016 y acusado por lavado de dinero y corrupción, fue beneficiado el lunes con arresto domiciliario sin caución, según una resolución de la Cámara Federal de Casación Penal.
Sin embargo, Báez no pudo ser trasladado a su domicilio debido a una protesta de vecinos indignados que impidieron su ingreso al country Ayres del Pilar, barrio privado en el que tiene su residencia a las afueras de Buenos Aires. Los residentes, que le gritaban al empresario que volviera a la cárcel, portaban banderas argentinas y carteles con consignas en oposición a su llegada. Incluso lanzaron huevos y piedras a los vehículos del Servicio Penitenciario Federal.
Tras varios intentos del servicio penitenciario por ingresar al barrio,
las autoridades desistieron y se retiraron del lugar con Báez y lo llevaron de retorno a la cárcel al notar que no se cumplían las condiciones necesarias de seguridad, mientras se adoptan medidas que le permitan cumplir con la prisión domiciliaria.
El Tribunal Oral Federal 4 que le había negado anteriormente la excarcelación si no depositaba una caución, acató el fallo este lunes y permitió a Báez cumplir el arresto en su domicilio bajo monitoreo con tobillera electrónica.
"No existe otra posibilidad más que hacer efectivo el arresto domiciliario dispuesto (...) aun cuando hasta el momento no se ha depositado la caución real fijada, en oportunidad de conceder su excarcelación", indicó el Tribunal este lunes.
Báez, de 64 años, empresario de la provincia patagónica de Santa Cruz, está detenido sin condena desde el 6 de abril de 2016, por lo que
está vencido el plazo máximo de tres años para una prisión preventiva.
Está acusado por supuesto lavado de dinero de 60 millones de dólares entre 2010 y 2013. En tanto tiene otra causa en su contra en la que está procesado por evasión fiscal agravada.
Ex cajero de un banco, Báez creó un imperio de negocios en Santa Cruz (2.500 kilómetros al sur de Buenos Aires), donde ganó licitaciones petroleras y de obras públicas durante las presidencias del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y de Cristina Fernández (2007-2015).
La actual vicepresidenta está procesada en uno de los juicios que investiga supuestas irregularidades en la concesión de obras viales a Baez en Santa Cruz.
La justicia le había fijado
una caución de 632 millones de pesos, equivalente a 8 millones de dólares en aquel momento. El monto fue considerado "exhorbitante y de imposible cumplimento" por la defensa del acusado, que está embargado por la justicia.
Para pedir la excarcelación su defensa alegó que padece enfermedades coronarias, insuficiencia respiratoria y diabetes, lo que lo hace una persona de riesgo frente al covid-19.
Un campo de Báez, a 50 km de la villa turística de El Calafate, fue excavado por orden judicial dos veces en 2016 y 2018 en búsqueda de un supuesto contenedor repleto de dinero, sin resultados.
