La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha expresado este miércoles su "apoyo" al informe publicado por Naciones Unidas sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, al tiempo que ha pedido "rendición de cuentas".
En un comunicado, la OEA explicó que los hallazgos y las recomendaciones emitidas por Naciones Unidas en este sentido son "consistentes" con el contenido de un informe publicado por el organismo en 2018.
Además, el organismo ha insistido en que las recomendaciones formuladas por Naciones Unidas también están alineadas con otro trabajo sobre Venezuela emitido el 22 de junio de 2018 por el entonces Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Zeid Raad al Hussein.
En este contexto, la OEA ha resaltado "las demoras" en cuanto a la "rendición de cuentas" en Venezuela. "En materia de Derechos Humanos, la celeridad de las actuaciones de los organismos abocados a su defensa es urgente. Es, literalmente, cuestión de vida o muerte", ha señalado.
A su juicio, "Venezuela es un Estado fallido y fragmentado, tanto en su dimensión territorial como en la administrativa". "La responsabilidad por esos crímenes se extiende a aquellos operadores y agentes extranjeros, especialmente cubanos que operan en Venezuela en tareas de represión, torturas e inteligencia como ha sido señalado por víctimas del régimen", ha agregado.
Así las cosas, la OEA también ha aludido a su "preocupación" por la "presencia de representantes de la dictadura de (Nicolás) Maduro en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas". "La incongruencia no podría ser más notoria a la luz del informe recién presentado por el propio Consejo", ha criticado, urgiendo a la comunidad internacional "a actuar" al respecto.
El informe
Los expertos de la ONU, que no han podido visitar Venezuela por la negativa del Ejecutivo de Nicolás Maduro a facilitar sus pesquisas, ha investigado más de dos centenares de casos y ha concluido, en un informe de 443 páginas, que se han cometido ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura en el país sudamericano.
En este sentido, concluye que tanto el Gobierno como los grupos afines han cometido
violaciones "flagrantes" de los Derechos Humanos, hasta el punto de que se han identificado patrones "coordinados" con políticas del Estado y mantenidos de forma sistemática, lo que equivaldría a crímenes de lesa humanidad, en el marco de un patrón cuyas ramificaciones se extienden hasta Maduro y para el que se podría solicitar la intervención del Tribunal Penal Internacional (TPI).
Maduro, así como sus ministros del Interior y de Defensa, Néstor Luis Reverol y Vladimir Padrino, tenían conocimiento de los crímenes que se estarían cometiendo, según los expertos, que consideran que estas tres autoridades dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos para que siguiesen cometiéndose los abusos, que se remontarían al año 2014.
El Gobierno de Venezuela, por su parte, ha rechazado el informe y ha recalcado que está "plagado de falsedades", al tiempo que ha reiterado la "cooperación" de Caracas con el Consejo para los Derechos Humanos de la ONU.
