Costa Rica es un país reconocido por tener una democracia sólida y sobresalir por su estabilidad, aún más en Latinoamérica, donde la palabra "crisis" se escucha con más frecuencia de la que quisiéramos. Es por eso que, cualquier conflicto que pueda alterar la tranquilidad de
una de las naciones ejemplo de la región, causa extrañeza. Y eso es lo que pasa hoy, al cumplirse
dos semanas de intensas protestas, en un momento más que complicado marcado por la pandemia.
Los últimos días, Costa Rica ha sido escenario de imágenes inesperadas. Cortes de caminos, enfrentamientos con la policía y hechos de violencia en las afueras de la sede presidencial han sido la tónica desde que iniciaran el pasado 30 de septiembre las masivas movilizaciones en contra de las medidas económicas impulsadas por el Presidente Carlos Alvarado, incluido un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 1.750 millones de dólares.
La crisis sumó un nuevo y peligroso capítulo la noche del lunes, luego de
los enfrentamientos entre manifestantes y la Fuerza Pública en las afueras de la Casa Presidencial, que se saldó con 11 policías heridos y 28 personas detenidas. El Mandatario catalogó el hecho como un
"ataque brutal y homicida" contra los agentes y advirtió que a los "responsables y los instigadores" les caerá "todo el peso de la ley".
Desde el inicio de las protestas, las autoridades han contabilizado 114 policías heridos, la mayoría con lesiones leves. Asimismo, 141 personas han sido detenidas acusadas por delitos como obstrucción de vías o resistencia a la autoridad, según los datos oficiales. Hasta ayer permanecían bloqueados 7 puntos de carreteras, casi todos en el sur del país, incluida la frontera con Panamá, lo que mantiene interrumpido el tránsito de carga internacional.
La propuesta que generó la molestia
Costa Rica enfrenta su mayor crisis económica en 40 años, la cual fue agudizada por la pandemia de covid-19, que acabó con las proyecciones de contención del déficit fiscal, que en 2018 se mantuvo en el equivalente a 6% del Producto Interno Bruto (PIB), pero que para este año llegaría a 9,7% según el Ministerio de Hacienda. Asimismo, el país cuenta con una deuda acumulada cercana al 70% del PIB y una caída económica del 5%, según las proyecciones oficiales.
Y para agravar la situación, el desempleo se disparó de 12% de enero a marzo, a 24,4% en el trimestre de mayo a julio.
U$1.750 millonestenía pensado pedir el Gobierno de Costa rica al FMI
Con este panorama,
el Gobierno costarricense comenzó a negociar un acuerdo con el FMI que le permitiría al país acceder a un crédito de
1.750 millones de dólares en tres años y le daría credibilidad para salir al mercado internacional en busca de financiamiento privado, necesario para cubrir el déficit fiscal de unos 10.000 millones de dólares anuales.
La propuesta, presentada el 17 de septiembre, contemplaba una serie de impuestos temporales, incluyendo un gravamen de 0,3% sobre las transacciones financieras en los primeros dos años de vigencia del acuerdo y de 0,2% en los dos años siguientes. Incluía también impuestos temporales a las ganancias de grandes cooperativas, a la renta, a la propiedad de bienes inmuebles y al envío de remesas al exterior, todos por cuatro años.
El Gobierno proponía también una reforma del empleo público con el cierre o fusión de algunas instituciones, el congelamiento de salarios en el sector público, la suspensión de nuevas anualidades pagadas a los trabajadores estatales y la venta de dos activos: la Fábrica Nacional de Licores y el Banco Internacional de Costa Rica.
La iniciativa se da, además, dos años después de la aprobación de una polémica reforma que creó el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 13% y estableció una regla fiscal para contener el gasto, entre otras medidas tributarias y de recorte que pretendían paliar el creciente déficit y la deuda.
La propuesta de ahora, sin embargo, fue rechazada por los partidos de oposición, mayoritarios en la Asamblea Legislativa (parlamento), y provocó airadas críticas de las cámaras empresariales. "La propuesta está totalmente desequilibrada, porque
75% son impuestos y solo 25% son (cortes de) gastos", comentó a la AFP el economista independiente y académico Gerardo Corrales.
El problema fue mayor para el Ejecutivo con la irrupción del "Movimiento Rescate Nacional", liderado por el ex diputado y ex candidato presidencial José Miguel Corrales, y que protagonizó hechos como el corte de carreteras, llegando incluso a interrumpir 40 puntos.
La presión fue tal que, finalmente, el Presidente Alvarado comunicó el domingo 4 de octubre su decisión de dar marcha atrás y no continuar con la polémica propuesta. "Entendiendo el sentimiento que existe, pero además la necesidad de dar acciones viables, el Gobierno no seguirá adelante con su propuesta inicial, esto con el fin de dialogar y balancear las respuestas que necesita el país para resolver la situación", indicó en cadena nacional.
La protesta continúa
El anuncio del Mandatario suponía un acercamiento con los manifestantes, pero no. Tras conocerse su decisión, Alvarado se ha reunido con diferentes representantes de gremios de trabajadores y empresarios, mas no con el Movimiento Rescate Nacional, al que le exige poner fin a los bloqueos para poder sentarse a conversar.
La agrupación, por su parte, puso una serie de condiciones para dialogar y levantar los bloqueos. La principal era que el Presidente se comprometiera por escrito a no acudir al FMI en lo que resta su mandato. Asimismo, se pidió que no contemple la venta de activos estatales ni aumento de impuestos.
"Entendiendo el sentimiento que existe, pero además la necesidad de dar acciones viables, el Gobierno no seguirá adelante con su propuesta inicial esto con el fin de dialogar y balancear las respuestas que necesita el país para resolver la situación"
Carlos Alvarado, Presidente de Costa Rica
El grupo, además, exigía
una mesa bilateral, con la presencia de un garante de la Iglesia Católica; que el sitio de reunión no sea la Casa Presidencial; que la negociación tenga presencia de la prensa y que no haya consecuencias penales ni sanciones de otro tipo contra los manifestantes.
El Gobierno rechazó las condiciones porque, insistió, no dialogará mientras continúen los bloqueos. Esto ha llevado a que las manifestaciones persistan, aunque con menos intensidad que antes. Incluso, José Miguel Corrales decidió alejarse del movimiento y pidió deponer las movilizaciones, al acusar que grupos de narcotraficantes se están aprovechando de la situación, infiltrándose en las protestas.
La posta la tomó el también ex parlamentario Célimo Guido, quien recalcó que Corrales no es el "dueño" de la movilización y ha responsabilizado a las fuerzas de seguridad de los desórdenes ocurridos en los últimos días ya que, afirmó, muchos han estado de infiltrados en las recientes manifestaciones.
Lo que se viene
Alvarado y el presidente del Congreso, Eduardo Cruickshank, anunciaron en conjunto la noche del pasado domingo, la conformación de una mesa de diálogo con 29 representantes de diversos sectores, que se reunirá por cuatro semanas a partir del sábado 17 de octubre.
La conformación de la mesa aún continúa y algunos actores políticos de oposición y sindicales han expresado que no participarán debido a que desconfían del proceso y de sus participantes. El Movimiento Rescate Nacional, que dice representar a 15 sectores del país, no ha sido llamado a esta mesa.
17de octubre, la fecha seleccionada para comenzar los diálogos
El sociólogo de la estatal Universidad Nacional
Abelardo Morales dijo a Efe que en la sociedad costarricense existe
una "profunda desconfianza" en el Gobierno, partidos políticos, sindicatos y otras instituciones, la cual se ha venido consolidando a lo largo de los años debido al crecimiento de la desigualdad, lo que dificulta cualquier diálogo.
"La sociedad está fracturada estructuralmente, es una torre de Babel social en la que cada quien habla su propio lenguaje, no hay diálogo ni comunicación. Hay una profunda desconfianza en instituciones que antes eran muy confiables", declaró.
Morales explicó que la sociedad de Costa Rica ha perdido formas de comunicación y confianza, ante lo que impera la necesidad de una voluntad política y una disposición sincera a escuchar a todos los sectores.
"La sociedad está fracturada estructuralmente, es una torre de Babel social en la que cada quien habla su propio lenguaje, no hay diálogo ni comunicación. Hay una profunda desconfianza en instituciones que antes eran muy confiables"
Abelardo Morales
"Para reconstruir la confianza y el diálogo no hay otra manera que no sea a través del mismo diálogo. Pero ese diálogo no puede ser un mero acto ceremonial, no puede ser un simple conversatorio", dijo el sociólogo.
Para Morales, las protestas no se pueden encasillar en un rechazo a un posible acuerdo financiero con el FMI, pues considera que hay múltiples reclamos, especialmente de zonas rurales que han estado "olvidadas" por mucho tiempo.
