Mientras en Buenos Aires llegaban noticias del desalojo de la toma de Guernica -una de las más grandes de Argentina-, en la céntrica provincia trasandina de Entre Ríos la jueza María Carolina Castagno pronunciaba el fallo para poner fin a otra de las ocupaciones mediáticas del país, el de los terrenos de la familia Etchevehere, donde en los últimos días se produjo una disputa por la herencia de esta tradicional familia argentina de terratenientes.
La familia se encuentra enfrentada después de que una de las hermanas, Dolores Etchevehere, participó en la toma de las tierras, que considera son suyas y no de sus hermanos, entre los que está el ex ministro de Agricultura de Mauricio Macri, Luis Etchevehere.
Los campos fueron ocupados por miembros del
Proyecto Artigas, movimiento social que dirige
Juan Grabois, referente de la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y cercano al kirchnerismo, que buscaba la consolidación de un plan agroecológico en el lugar.
La jueza decretó este jueves el fin de la ocupación "de manera inmediata, con el mayor cuidado de la integridad de las personas que ocupen el predio y los bienes que allí se hallan, pudiendo acudir al uso de la fuerza solo en caso de que resulte indispensable y en la menor medida posible".
Horas después de conocido el fallo, los miembros del Proyecto Artigas dejaron el predio en forma pacífica cerca de las 19:00 horas, tal como lo había adelantado el propio Grabois, quien en un mensaje grabado afirmó que "hemos sufrido una derrota que nos entristece". Dolores Etchevehere, en tanto, fue detenida por la policía al negarse dejar el lugar.
"Hemos sufrido una derrota que nos entristece"
Juan Grabois
"Nos duele por Dolores,
víctima emblemática de la violencia de género intrafamiliar e institucional. Heredera de una fortuna inconmensurable, hoy está prácticamente en la indigencia. Nunca recibió el dinero que figura en los papeles de los Etchevehere y sus abogados extorsionadores vinculados al narco.
Nos duele por los pequeños productores, campesinos y ambientalistas que sueñan con un proyecto agroecológico y resistieron heroicamente a la patota de los Etchevehere", afirmó Grabois.
"Nos duele por el pueblo pobre que esperaba que una vez se dé vuelta la tortilla y que los poderosos vean un límite institucional a sus privilegios ilegítimos que prevalecen sobre los de las grandes mayorías. Comenzamos el Proyecto Artigas el 15 de octubre, día de la mujer rural, ingresando pacíficamente al campo junto a la legítima heredera que había cedido el 40% del campo para el proyecto", agregó.
"Precedente para frenar otras usurpaciones"
La decisión de la justicia fue celebrada por los involucrados y por otras personalidades políticas, como la líder del PRO y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien se desplazó a Entre Ríos para escuchar el fallo junto a la familia y lo calificó como un "precedente para frenar otras usurpaciones".
"¡Un verdadero acto de Justicia! El fallo Etchevehere es un precedente para frenar otras usurpaciones en el país. Sobre este tema no puede haber grises: yo estoy del lado de la ley, siempre. Es importante que el Gobierno se ponga del lado de las víctimas y no del delito", publicó Bullrich en su perfil de Twitter.
El ex ministro de Agricultura empleó la misma red social para celebrar el fallo y afirmar que
"la ley se impuso a la barbarie".
"Muchas gracias a todos los que nos expresaron su apoyo durante la toma. Con verdad y justicia vamos a tener un país mejor. La ley se impuso a la barbarie", publicó.
La postura de la Iglesia Católica
La Conferencia Episcopal de Argentina emitió un comunicado en el que afirma que "las distintas ocupaciones de tierras evidenciaron la precaria situación de tantas familias, que han debido procurarse un lugar para vivir", aunque "nada justifica la intrusión y la violencia a costa de la vida y los derechos de los demás".
"La Iglesia no avala las tomas. Son ocasión de violencia y agitación social, muchas veces incentivadas", resalta el comunicado.
En el texto la Iglesia afirma que "hoy más que nunca se hace necesario un Estado presente que se haga responsable de políticas proactivas en materia de acceso a la vivienda y al trabajo digno".
