La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, denunció hoy que el espacio cívico y democrático se sigue reduciendo en Venezuela y pidió al gobierno que revierta esta situación de cara a las elecciones de gobernadores previstas para este año.
"El nombramiento del próximo Consejo Electoral Nacional es una prueba de la credibilidad de las próximas elecciones", destacó Bachelet en una presentación oral sobre Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
En su exposición salió a relucir las represalias que toma el gobierno de Nicolás Maduro contra aquellos que se atreven a colaborar con organismos internacionales, incluso si se trata de la ONU.
"Al día de hoy, cinco activistas siguen con cargos relacionados con terrorismo y blanqueo de dinero por haber prestado asistencia humanitaria como parte del Plan de Respuesta Humanitaria de Naciones Unidas", reveló.
Asimismo hay organizaciones no gubernamentales que están bajo investigación por motivos similares.
Además de ello la Oficina de Bachelet en Ginebra ha recibido denuncias de represalias contra venezolanos que ha colaborado con su trabajo de seguimiento de la situación interna, así como contra personas que tuvieron alguna relación con una misión internacional que investiga las violaciones de derechos humanos en Venezuela.
Esa Misión -que trabaja de forma independiente del organismo que dirige Bachelet, que le aporta únicamente apoyo técnico- se presentó en la víspera ante el mismo Consejo de Derechos Humanos para exponer los últimos resultados de sus pesquisas.
La denuncia más grave que hizo tuvo que ver con doscientas ejecuciones extrajudiciales desde el pasado septiembre por parte de las fuerzas de seguridad.
En su presentación de hoy, Bachelet aportó datos adicionales sobre las múltiples violaciones que ocurre en Venezuela, entre ellas 66 casos documentados de intimidación, inhabilitación y criminalización de periodistas, medios de comunicación, activistas, trabajadores humanitarios, líderes sindicales y miembros o partidarios de la oposición.
Entre las víctimas también hay miembros electos de la Asamblea Nacional de 2015 y sus familiares.
Por otra parte, la alta comisionada dijo que ha recibido datos que indican que el salario medio en Venezuela estaría por debajo de un dólar al mes, mientras que el precio de la canasta de alimentos ha aumentado un 1.800% en el último año.
La consecuencia sería que un tercio de los venezolanos estaría en situación de inseguridad alimentaria.
Consideró que, en este contexto, la asistencia humanitaria es más esencial que nunca y que por ello son preocupantes las restricciones dictadas por el gobierno al trabajo de las ONG, que incluyen la congelación de activos.
Sin embargo, Bachelet también pidió nuevamente que se levanten las sanciones económicas internacionales contra Venezuela y que se facilite el acceso de este país a las vacunas contra la covid-19.
Venezuela revisará relación con la oficina
En respuesta a estas denuncias, el gobierno de Maduro anunció que someterá a revisión su relación con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Acusó que el reporte entregado por Bachelet fue "desbalanceado" y cargado de "afirmaciones sesgadas".
"El gobierno someterá a revisión la relación con la Oficina (...) y la próxima renovación" de la carta de compromiso que suscribieron las partes en 2019 y que fue renovada este año, informó la Cancillería venezolana en un comunicado.
"Es muy preocupante que la alta comisionada ceda ante la presión de actores antivenezolanos y realice afirmaciones sesgadas y alejadas de la verdad, haciéndose eco de campañas mediáticas y presentando especulaciones ideologizadas como hechos", añadió.
El gobierno de Maduro dijo "lamentar y rechazar las desacertadas declaraciones" de Bachelet y por ello revisará la relación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) "con el fin de garantizar el estricto y necesario apego a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, no injerencia en los asuntos internos y diálogo constructivo".
"Su desbalanceado reporte es emitido por mandato de una politizada resolución del Consejo de Derechos Humanos, promovida por el gobierno de Estados Unidos (...) en clara violación a las normas y principios que rigen el tratamiento de los asuntos de derechos humanos", prosigue el escrito.
Venezuela también "aspira a mayor rigor y objetividad por parte de la alta comisionada y sus equipos técnicos" pues considera que los señalamientos de Bachelet son "infundados".
"A pesar de la presencia de su oficina en el terreno y de los fluidos mecanismos de diálogo existentes con el Estado venezolano (...) la información que maneja la alta comisionada no dista mucho de la que difunden los gobiernos y medios que aspiran un escenario de violencia en Venezuela", concluye el comunicado.