Las alarmas se encendieron el lunes, mientras se celebraba la tercera sesión de la
Comisión Investigadora sobre Criminalidad en la Macrozona Norte de la Cámara de Diputados. El presidente de la instancia,
Jaime Araya (Ind. PPD), le consultaba a uno de los invitados, el subdirector de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la PDI,
prefecto general Luis Silva Barrera, sobre la posibilidad de que las famosas "maras" salvadoreñas estén llegando a Chile. La respuesta llamó la atención:
"Para ser fiel a esa respuesta se lo pediría hacer en una sesión reservada, por favor".
Las palabras del prefecto, claramente, generaron incomodidad y alerta. El propio diputado Araya, tras calificar la situación de "tremendamente grave", llamó al Gobierno a "tomarse muy enserio esta información. A trabajar con la mayor celeridad y rigurosidad para que tengamos una respuesta contundente, similar a la que ha existido en El Salvador, para enfrentar estar verdaderas mafias internacionales".
Desde el Ejecutivo, la respuesta vino del subsecretario del Interior,
Manuel Monsalve, quien explicó en radio Cooperativa que la crisis migratoria que afecta a Latinoamérica ha seducido a grupos criminales que han diversificado sus labores entre el narcotráfico y el tráfico de migrantes. "Que haya organizaciones criminales de otros países dedicándose al tráfico ilícito de migrantes para ingresar de manera irregular a ciudadanos extranjeros a Chile
hace que estas organizaciones se hayan acercado al país", aseguró.
Pero, ¿qué son las maras y por qué su posible presencia alarma tanto a las autoridades? Se trata de grupos delictuales que operan desde hace años en diversos países de Norteamérica y Centroamérica. La situación más preocupante es en El Salvador, donde en los últimos años se ha reportado un escenario absolutamente violento, con miles de muertos y altísimas tasas de homicidio. Fue eso lo que llevó al Presidente salvadoreño, Nayib Bukele, a encabezar lo que él mismo denominó una "guerra" contra estas pandillas, que no ha estado exenta de escándalos.
Desde sus orígenes hace varias décadas, estas organizaciones han ido creciendo exponencialmente, expandiendo su poder a lo largo del continente a punta de violencia y muerte. He ahí la preocupación sobre una posible llegada a Sudamérica.
Origen y desarrollo de las maras
"Mara" es el nombre que se les da a las pandillas y/o grupos criminales en El Salvador. Actualmente son dos las agrupaciones más grandes e importantes, la Mara Salvatrucha o MS13 y el Barrio 18. Ambas organizaciones, que actualmente suman más de 65.000 miembros, tienen la particularidad de que nacieron fuera del país centroamericano, más bien en Los Ángeles, Estados Unidos.
En el caso del Barrio 18, sus orígenes datan de la década de 1960 y empezó como una pandilla mexicana. Con el paso de los años fue reclutando personas centroamericanas y fue expandiendo su poder en países como El Salvador, Honduras y Guatemala.
La historia de la MS13 es similar. Comenzó en los años 80, también en EE.UU., con la finalidad de proteger a los salvadoreños que habían llegado al país norteamericano huyendo de la guerra civil. Al igual que sus enemigos del Barrio 18,
esta pandilla fue creciendo y se convirtió en uno de los principales grupos criminales de Centroamérica.
Para entender su evolución en El Salvador, hay que remontarse a 1992. Tras la firma de los Acuerdos de Paz que puso fin a 12 años de guerra civil, Estados Unidos comenzó la deportación de salvadoreños que habían sido condenados por diversos delitos. Estas personas se unieron a grupos de jóvenes rebeldes y comenzaron a liderar las pandillas. El poco interés de las autoridades fue un factor importante en su crecimiento.
Más de una década después, ya con la violencia desatada, el Gobierno de Francisco Flores implementó el Plan Mano Dura (2003), el cual evolucionó al Plan Súper Mano Dura en 2004, que ponía énfasis en la persecución penal de la MS13 y el Barrio 18.
Hubo un espejismo, en 2012, durante el gobierno de
Mauricio Funes. El 9 de marzo, los cabecillas de ambas pandillas hicieron un pacto para
disminuir las muertes por violencia, que en esa época llegaban a un promedio de 14 diarias. Para facilitar el pacto, las autoridades los retiraron de la cárcel de máxima seguridad de Zacatraz y los destinaron a otros recintos penales de mediana seguridad. Hubo resultados: l
os homicidios bajaron a cinco por día, sin embargo, el acuerdo se rompió en 2013, tras la remoción del ministro de Justicia por orden de la Corte Suprema y el retiro de beneficios por parte de las nuevas autoridades.
Pasaban los años y el poder de las maras seguía creciendo y, con ello, la violencia también. Las autoridades se negaban a negociar otra vez con las pandillas y la Corte Suprema declaraba tanto a la MS13 como al Barrio 18 grupos terroristas, con la finalidad de endurecer las penas contra sus miembros.
A 2015, las cifras eran preocupantes, con una tasa de 106,3 homicidios por cada 100.000 habitantes. Tres años después las cifras bajaban, pero seguían alarmando: en 2018 se registró un total de 3.340 personas asesinadas, lo que supone un promedio de 50,3 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, el equivalente a 9,2 muertes por día.
La "guerra" de Bukele
Con esa estadística llegaba Nayib Bukele a la Presidencia de El Salvador, el 1 de junio de 2019. El Mandatario prometió mano dura y se puso como uno de los objetivos principales reducir el número de muertes por la violencia. Los resultados, al menos, son auspiciosos: en 2019 registró una tasa de homicidios de 38 por cada 100.000 habitantes, la cual se redujo en 2020 a 20 muertes por cada 100.000. Al año siguiente volvió a bajar a 18,1 decesos por cada 100.000 habitantes.
El Mandatario lograba estos números en base a una estrategia que supone el endurecimiento de penas para los delincuentes, controles masivos de detención y un trato más duro en las cárceles que incluso ha sido denunciado por agrupaciones tanto fuera como dentro de El Salvador, que acusan tortura.
A fines de marzo de 2022,
la alarma se activó cuando en un solo fin de semana se registraron 87 homicidios. Esto llevó a Bukele a promulgar, con el aval del Parlamento, un régimen de excepción, restringiendo las libertades civiles y ampliando los poderes de la policía.
Nacía la "guerra" contra las pandillas.
Pero, mientras la gran mayoría de los salvadoreños aplaudía las determinaciones del Mandatario, una investigación del medio El Faro revelaba que aquella ola de violencia en tan solo tres días se produjo tras la ruptura de un pacto entre el Gobierno de Bukele y la Mara Salvatrucha "que mantenían desde hace al menos dos años y medio" y que se vio quebrantado tras la captura de miembros de la pandilla. El gobernante ha guardado completo silencio sobre esta acusación.
El estado de excepción se ha extendido al menos hasta el 15 de febrero de 2023, gracias principalmente a que Bukele tiene el control del Congreso. De todos modos, en octubre el Gobierno cambió de estrategia y pasó de las detenciones masivas a la búsqueda meticulosa de los últimos pandilleros. "Ya no podemos hacer mil arrestos diarios, hacemos 80", admitía el Mandatario.
El gobernante saca cuentas alegres: desde marzo a la fecha
han detenido poco más de 61.000 presuntos pandilleros, incluyendo a 900 cabecillas. Asimismo,
la tasa de homicidios registró una baja histórica en 2022, llegando a 7,8 muertes por cada 100.000 habitantes.
Estos números, sin embargo, no han calmado las críticas contra Bukele y su modo de combatir la violencia de las pandillas. El hecho de que puedan detener sin orden judicial ha derivado en numerosas denuncias de personas que han sido capturadas y posteriormente torturadas pese a que no pertenecían a ningún grupo criminal. El exceso de poder, aseguran grupos de derechos humanos, puede ser perjudicial. Mientras, el Mandatario goza de mucha popularidad.
