La organización Human Rights Watch (HRW) presentó este jueves un exhaustivo informe que traza la imagen más nítida publicada hasta la fecha sobre el blindaje de fronteras y el aumento de la opresión implementados por el régimen norcoreano desde el inicio de la pandemia.
El estudio, titulado '"A sense of terror stronger than a bullet": The closing of North Korea 2018-2023' ('"Una sensación de terror más intensa que una bala": el cierre de Corea del Norte 2018-2023'), analiza el día a día antes y después de la aparición del covid-19 en un país que ya era conocido por violar sistemáticamente los derechos humanos.
Fotos satelitales y numerosas entrevistas
Dado que el país aún sigue muy aislado del exterior, además de escudriñar fotos satelitales o imágenes tomadas desde China, para el informe se entrevistó a norcoreanos involucrados en comercio fronterizo, a desertores con familiares dentro de Corea del Norte, a ex funcionarios huidos o a activistas con contactos dentro del hermético país y en China.
Además de revelar numerosos entresijos del comercio ilegal transfronterizo y la actividad cuentapropista, pilar básico para la supervivencia de muchos norcoreanos desde los noventa, el análisis ilustra cómo han empeorado aún más el respeto por los derechos básicos y la calidad de vida de los norcoreanos.
El estudio certifica lo que HRW venía denunciando insistentemente desde 2020; con la aparición de la pandemia el régimen "ha tratado de reimponer su control en áreas en las que su dominio se había debilitado durante las últimas dos décadas y media. En concreto, el control sobre fronteras, actividad mercantil, viajes no autorizados y acceso a información".
Cerrojazo fronterizo
Para el informe se estudiaron imágenes de miles de kilómetros cuadrados de regiones fronterizas -en total, una cuarta parte de la frontera que Corea del Norte comparte con China y Rusia- captadas por satélites antes y después de 2020 para revelar el cierre total de las lindes con la excusa de evitar la entrada del virus.
La aprobación en los primeros meses de pandemia de una ley para disparar a aquellos que se acercaran a las divisorias supuso el despliegue en regiones limítrofes del cuerpo de operaciones especiales del ejército -conocido como "pokpung gundan" ("división tormenta")- para reforzar vigilancia y erradicar corruptelas de los guardias fronterizos, que hacían la vista gorda a cambio de sobornos.
El estudio muestra que, frente al 71% de antes de 2020, hoy la práctica totalidad de los 321 kilómetros de frontera analizados en seis áreas estratégicas de costa a costa están protegidos por al menos una capa de alambrado.
No solo eso; muchas zonas cuentan ahora con dos y hasta tres capas de enrejado y los puestos de vigilancia en ellas ha pasado de 325 a 6.820, es decir, se multiplicaron por más de veinte.
Una desertora cuenta en el informe que un familiar suyo en Corea del Norte "tiene miedo a salir (del país) por la creación de semejante entorno social, una sensación de terror mucho más intensa que una bala o una reja de alambre".
Movimiento y pensamiento restringidos
El estudio asegura que los permisos obligatorios para desplazamiento interno, que ya requerían de burocracia ingente antes de la pandemia, son ahora más restrictivos.
Los toques de queda nocturnos para evitar propagar el covid -que en muchas regiones parecen seguir parcialmente vigentes- han limitado muchísimo la movilidad y la actividad económica de los norcoreanos, y la vulneración de estas normativas ha llegado a ser aparentemente castigada con pena de muerte, recuerda el informe.
También recopila las tres leyes de contenido ideológico aprobadas desde 2020, que prohíben consumir contenidos extranjeros o el uso de modismos foráneos en el habla, y cómo algunas personas que violaron estas disposiciones también fueron ejecutadas.
Daño económico, alimentario y sanitario
Las importaciones y exportaciones del país, claves para el crecimiento económico durante los primeros años en el poder del líder norcoreano, Kim Jong-un, ya se resentían por el endurecimiento de las sanciones de la ONU desde 2017 y terminaron por hundirse por las restrictivas políticas fronterizas post-covid.
Esto, unido a que el régimen ha limitado enormemente la actividad cuentapropista y la operación de los mercados negros, ha acotado más aún las escasas vías para hacer dinero, así como el acceso a comida y medicinas.
El informe señala que las personas más afectadas por esto son mujeres (son las principales comerciantes al no tener empleos estatales), así como niños y población de riesgo en zonas rurales.
Del mismo modo, aunque la reactivación del comercio estatal -que no del informal- en 2022 puede haber aliviado parcialmente la escasez de medicamentos, existe gran preocupación por lo que tres años de cierre han supuesto en términos de propagación de enfermedades como la tuberculosis o por la ausencia total de vacunación infantil en ese periodo notificada por Unicef.
