Carmen Quintana, sobreviviente del ataque, resultó con graves quemaduras en su rostro.
AP (Archivo)
SANTIAGO.- La brutal agresión sufrida por Rodrigo Rojas y Carmen Quintana, quienes habrían sido quemados vivos por efectivos de una patrulla militar que los detuvo el 2 de julio de 1986, generó alta expectación pública en la época.
Lo ocurrido en el sector cercano a la villa Los Nogales de Estación Central, no sólo concitó el interés de la prensa, sino que también las opiniones de distintos sectores, entre ellos la Iglesia, que en un documento firmado por los entonces obispos de Temuco y La Serena, Sergio Contreras y Bernardino Piñera, respectivamente, pidieron terminar con "el terrorismo político" para acabar con la violencia.
En el texto, enviado a las parroquias y capillas del país, ambos prelados señalan que una de las causas de la violencia es, precisamente, el terrorismo político de todas las tendencias y acusa a quienes lo ejercen de imponer su voluntad "usando todos los medios, aun criminales, que les parezcan útiles para lograr sus fines".
"Tal actitud es la negación de los Derechos Humanos más fundamentales. Es la negación de la democracia. El abandono definitivo del terrorismo político sería un gran paso adelante en la lucha contra la violencia", sostienen.
El documento -titulado "Felices los constructores de la paz" y fechado el 13 de julio de 1986- cobra relevancia, luego de que el juez Mario Carroza ordenara la
detención de siete ex militares que viajaban en eran parte de la citada patrulla militar y que hoy son interrogados.
En él también se hace una dura crítica a los hechos de violencia ocurridos en la época y un llamado a "corregir todos los abusos de que fuéramos responsables, enderezar todo lo que hubiera de torcido en nuestra vida personal, familiar y social".
"¡Cómo hacer comprender a todos los chilenos, uniformados y civiles, opositores y gobiernistas, que la violencia no nos llevará jamás, ni a la justicia ni a la paz! La violencia está mutilando la índole hospitalaria, fraterna, bondadosa y pacífica de nuestro pueblo", agrega.
Asimismo, la Iglesia llama al gobierno liderado por el general Augusto Pinochet a restablecer los canales de participación política y terminar con la "militarización del la vida civil".
"Hay que escuchar a los ciudadanos para que las decisiones sean aceptadas y asumidas por ellos", recomienda, añadiendo que "la militarización de la vida civil la que no se aviene con la manera de ser de la mayoría de los ciudadanos".
