Luis Acevedo había dado una versión distinta.
Héctor Aravena, El Mercurio (archivo)
SANTIAGO.- "No le cabe a la plataforma tecnológica provista por Morpho S.A. para los nuevos documentos de identificación, ninguna responsabilidad que altere o vulnere el procedimiento de registro de domicilios descrito expresamente en la Ley".
Así de enfáticos son en la empresa Morpho S.A., sindicada como la responsable del error en el padrón electoral que modificó el domicilio de más de 460 mil personas previo a los sufragios de este domingo, al aclarar cómo opera el software proporcionado por ellos al Registro Civil.
Esto luego de que el director del servicio, Luis Acevedo, señalara que fueron "ajustes en el sistema informático" los que habrían generado el problema.
"No han existido ajustes informáticos que hayan vulnerado los domicilios de las personas. La plataforma tecnológica cuenta con las funcionalidades que le demanda el sistema de identificación para el registro de domicilios, particular y electoral, de acuerdo a lo que ha ido definiendo la autoridad", señala la compañía a través de una declaración pública.
Asimismo resaltan que "como indica la Ley N°20.568, el cambio de domicilio no depende de un sistema o plataforma tecnológica específica, sino de un procedimiento que exige consultar a la persona sobre el domicilio electoral y en caso de realizar alguna modificación debe requerir la declaración jurada de la misma".
La empresa que es proveedora del sistema de identificación y pasaportes electrónicos, se adjudicó este servicio en 2011 y entró en servicio en 2013 y según aclaran realizaron las capacitaciones a funcionarios a nivel nacional pertinentes y se han realizado las adecuaciones "que las autoridades estimaron pertinentes y fueron priorizadas por ellos, en medio de la implementación de un sistema de identidad con mayores niveles de seguridad".
La compañía con presencia internacional finaliza el documento asegurando que está en permanente revisión y actualización y manifiestan su plena disposición a colaborar y aportar los antecedentes que se requieran en la investigación tanto administrativa como judicial "para el total esclarecimiento de los hechos".
