SANTIAGO.- La Corte de Apelaciones acogió a trámite el recurso de amparo presentado ayer por la defensa de Rafael Garay por las supuestas irregularidades que se habrían cometido en la detención en Rumania del ingeniero comercial.
Ello, porque a juicio del defensor público, Claudio Aspe, se habrían vulnerado sus garantías constitucionales al emitir una alerta roja sin la resolución previa de los tribunales.
Específicamente, porque al momento de su captura el viernes de la semana pasada en Brasov, en Chile, oficialmente, no existía un requerimiento formal respecto a la solicitud de su extradición para que enfrente en el país un proceso penal.
La acción penal se basó en las declaraciones hechas por la policía rumana que asegura que Garay fue capturado tras la alerta roja enviada por autoridades chilenas y no por algún delito que haya cometido en el país europeo, donde permanece desde hace dos meses.
Dicha alerta, según lo establece la ley chilena, solo puede ser emitida una vez que la Corte de Apelaciones acepte pedir la detención previa con fines de extradición del imputado, ya que es la única autoridad competente en Chile que puede requerirla a Rumania, a través de la Cancillería.
Ahora, el tribunal de alzada deberá programar una audiencia para debatir si la detención en Rumania se ajusta a derecho o si se vulneraron las garantías constitucionales del ingeniero.
Este mediodía, en tanto, el 3° Juzgado de Garantía de Santiago aceptó iniciar un proceso para requerir la entrega del ingeniero comercial tras escuchar los hechos expuestos por la Fiscalía.
De esta manera, elevó los antecedentes a la Corte de Apelaciones que finalmente deberá resolver si procede solicitar la extradición del imputado a Rumania.
Según la resolución de la magistrada Rabinovich, Garay montó un negocio imaginario para defraudar a las víctimas, enfatizando que -a juicio del tribunal, el imputado se encuentra en Rumania con la única intención de eludir a la justicia.
