Aspe sostiene que la notificación de alerta roja no es suficiente para llevar a cabo un arresto con miras de extradición.
AtonChile
SANTIAGO.- La defensa de Rafael Garay presentó un recurso de amparo -cuya orden de no innovar fue rechazada este viernes- contra la Oficina Central Nacional Interpol Santiago, de la Policía de Investigaciones, por considerar que el "ingreso al sistema de búsqueda automática, notificación roja internacional de control, que generó la privación de libertad del amparado en la República de Rumania" no se ajustó a derecho.
Según se detalla en el documento, el día 23 de septiembre el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago despachó una orden de detención doméstica contra el ingeniero tras la solicitud del fiscal centro norte José Morales "a fin de poder formalizarlo y solicitar medidas cautelares" por el presunto delito de estafa.
La acción penal -que ayer fue acogida a trámite- agrega que ese mismo día, la PDI "a solicitud de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía Nacional", ingresó al sistema de búsqueda automática, una notificación roja "disponible para los países miembros de Interpol, en particular Rumania".
Días después, la Oficina Central Nacional de Interpol, informó que Garay se encontraba en Rumania y que la policía de ese país pedía considerar que de acuerdo a la legislación de Bucarest "no se puede iniciar una investigación sin que se hayan recibido los documentos de parte vuestra (Chile)", señalando que una alerta roja "por sí sola, no es suficiente para llevar a cabo un arresto con miras de extradic ión, según la legislación rumana".
"Tan pronto tengamos la copia de la orden de detención y la garantía de vuestra reciprocidad, el fiscal a cargo ordenará detener a este prófugo", se lee en el informe enviado por la policía rumana, aseverando que por ello "se solicita contactar a las autoridades judiciales correspondientes para que se emita una solicitud formal de arresto con miras a una extradición dirigida al Ministerio de Justicia de Rumana", continúa el informe policial -incluido en el recurso- que reitera que el requerido "aún se encuentra en el país, pero no se puede concretar su arresto sin esa solicitud formal".
La misma idea, de acuerdo a la acción penal, es reiterada el 7 de octubre por la misma Oficina Central Nacional de Interpol Santiago, por lo que se puede concluir -de acuerdo al amparo- que "se despachó una orden de detención por el Séptimo Juzgado de Garantía sin que el Ministerio Público haya solicitado antes una audiencia de formalización en ausencia.
El recurso también afirma que hasta hoy no existe un requerimiento por la Corte de Apelaciones, mencionando que independiente de la situación de Garay en Rumania, "las propias autoridades de esa nación, indican que no se ha despachado formalmente orden de detención para fines de extradición".
Por último, el defensor Claudio Aspe alude en el documento que la notificación de alerta roja no es suficiente para llevar a cabo un arresto con miras de extradición.
Mientras, desde que se produjo la detención de Rafael Garay en Rumania hace una semana, comenzó a correr el plazo de 40 días para que Chile formalice el pedido de extradición, ya que de acuerdo a las leyes de ese país, la detención -que tiene su origen en una difusión roja de Interpol- equivale a una detención previa con fines de extradición.
Todos estos antecedentes fundan el recurso de amparo que será revisado la próxima semana por la Corte de Apelaciones de Santiago, que finalmente deberá resolver si la detención del chileno se ajusta a derecho o bien, se vulneraron sus garantías constitucionales.
