SANTIAGO.- Como "impresentable y pernicioso" calificó José Pérez, presidente de la Asociación de Funcionarios de la Dirección de Aeronáutica Civil (DGAC), la contienda de competencia presentada por el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, ante el Senado, para que sea éste el que dirima si los trabajadores de esa repartición continúan en el sistema previsional de las AFP o pasan a la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), como lo están solicitando.
En un punto de prensa otorgado en el frontis de la Contraloría, en calle Teatinos, el dirigente rechazó la acción de la autoridad fiscalizadora, acusándolo de poner entre la "espada y la pared" al Senado y a la Corte Suprema.
"Entendemos nosotros que el rol del señor contralor es acotado. Es un órgano administrativo y lo que está haciendo hoy día es colocar entre la espada y la pared a dos poderes del Estado como es la Justicia y el Senado. Queremos ser enfáticos en decirle que respetamos su rol fiscalizador, no obstante nos llama la atención esta obsesión perniciosa, porque confunde a la ciudadanía", manifestó.
En este sentido, el dirigente gremial insistió en que "la Justicia es un poder en Derecho que corresponde que vea las contiendas de los ciudadanos y todo lo que tenga que zanjarse en esa materia, esto es una cosa totalmente impresentable y perniciosa".
Asimismo, calificó como extraño que "después de tres meses el contralor tenga una intervención, cuando esto se ha visto por el procedimiento regular que son los tribunales. Él incluso ahora se ha atrevido a recurrir al Tribunal Constitucional y tenemos una audiencia el 4 de enero en la mañana".
"Seguiremos en esta lucha hasta el final. Esperamos que la Corte Suprema pueda ponderar como corresponde y apoyar el tremendo fallo que logramos en la Corte de Apelaciones de Santiago, cuando determinó que nosotros debíamos mantener el sistema de régimen previsional Capredena hasta el año 1985", manifestó.
Consultado por la polémica protagonizada por el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, cuya hija es una de las demandantes en el caso, lo que lo obligó a inhabilitarse en octubre pasado, Pérez calificó de "correcta" la actitud del ministro.
"Es lo que corresponde. Él cumplió la norma (…) Nosotros ni siquiera hemos puesto el nombre de nuestra compañera de trabajo como un elemento de presión", sostuvo.
Asimismo, respecto de los fallos que el ministro firmó, pero que después anuló, sostuvo que "hay que recordar que el primer fallo positivo fue de la Corte de Apelaciones. Hoy el CDE hizo la pega y recurrió a la Corte Suprema y se tiene que zanjar, pero el primer fallo es de la Corte de Apelaciones de Santiago".
Decisión política
El presidente de la asociación que agrupa a los funcionarios de la DGAC fue acompañado por varios dirigentes, entre los que estaba Raúl de La Puente, presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) –cuyo mandato termina esta tarde-, y quien también rechazó que sea el Senado el que decida el futuro previsional de esos trabajadores.
"No nos parece prudente que sea el Senado el que dirima, porque actúa como juez y parte, por cuanto es el que designa al contralor. Nos parce adecuado que sea la Corte Suprema la que decida sobre esta materia", sostuvo.
De la Puente también acusó a Bermúdez de pretender figurar ante la opinión pública. "No ha tenido la prudencia y sabiduría para ejercer el rol que le corresponde que es fiscalizar", dijo.
Consultado por si es que el Senado decide que los funcionarios de la DGAC sigan en el sistema de AFP, en el que están desde 1985, el hasta hoy presidente de la ANEF, sostuvo que sería una "pésima señal".
"Aquí habría una señal política más que jurídica, porque el Senado es un órgano político y por lo tanto va a decidir de acuerdo a la conveniencia del Gobierno o de la oposición, por lo que tenemos la convicción de que son los tribunales los que deben dirimir", insistió.
Respecto de la en la hipótesis de que haya un fallo favorable y otros trabajadores de entidades vinculadas a las Fuerzas Armadas, como Enaer o Famae, quisieran también recurrir a tribunales con esa finalidad, De la Puente explicó que "sería lo justo y lo correcto que otras personas también puedan acceder a este beneficio".
"Esto porque la gente que se jubila se va con un tercio de su remuneración que tenía en actividad en el sistema de AFP, que es un sistema injusto, en el cual la gente se va a vivir a la pobreza y sin duda que los vamos a apoyar también si deciden recurrir a los tribunales", finalizó.
