SANTIAGO.- A raíz del recurso de protección que presentó la Universidad Católica contra el Ministerio de Salud por el
protocolo que rige la objeción de conciencia personal e institucional para practicar abortos, la presidenta del Colegio Médico,
Izkia Siches, manifestó que hacer abuso de esa instancia judicial podría obstruir la aplicación de la ley.
La norma, en concreto, establece que las instituciones que invoquen objeción de conciencia deben declarar que no tienen convenios vigentes con el Estado, con objeto total o parcial para prestaciones del área de obstetricia y ginecología, y según la casa de estudios, ésta contiene disposiciones "que atentan contra los derechos constitucionales (...) y constituyen un acto ilegal y arbitrario".
"Nosotros vamos a leer exhaustivamente el recurso de protección y hacer un análisis desde la perspectiva ética, porque hemos sido muy proteccionistas de la objeción de conciencia para nuestros profesionales y médicos, pero igual creemos que se puede hacer abuso de esa figura para obstruir la aplicación de la ley", calificó la líder gremial en conversación con Emol.
"Nos parece que no tienen mucho sustento entendiendo que los roles de cada una de las instituciones tiene sus limitaciones. Si ellos fueran totalmente privados no tendrían ninguno de estos problemas. Al tener convenios con el Estado traen algunos compromisos y eso pasa con la objeción de conciencia a todo nivel, también personal", añadió.
Según informó "El Mercurio", este recurso concuerda con que la universidad firmó un convenio con el servicio de salud Metropolitano Sur Oriente en 2004 donde el plantel entregaría prestaciones a través de la red de atención de centros de salud "Áncora".
Si bien el Colegio Médico ha manifestado diferencias con la objeción de conciencia, Siches dijo que "es bastante razonable que esto tenga limitaciones, porque es una excepción de la ley, también lo tiene para la objeción personal de nuestros profesionales médicos porque así está concebida esta figura dentro de la ética de la práctica de la medicina, y por lo mismo también es deber del Estado poder garantizar el acceso, y el acceso tiene que estar dado en los prestadores los cuales no pueden ser objetores de conciencia institucional".
"Ahí la diferencia que tiene la Universidad Católica es que ellos tienen un convenio con el Estado para centros de atención primaria y hacen una interpretación que los vulneraría, pero en realidad no es así", añade.
Al respecto, sostuvo que "yo no veo tanto el problema porque eso es atención primaria. Entonces ellos detectan y diagnostican y en eso no pueden aplicar objeción de conciencia, porque la objeción es para el pabellón y el procedimiento".
Finalmente, comentó que "si el recurso de protección es acogido, la normativa quedaría inmovilizada, pero no limitaría en estricto rigor la indicación de la ley. Lo más probable es que en los servicios públicos funcionemos con estos conceptos".
