SANTIAGO.- El 11 de marzo próximo al mediodía, Michelle Bachelet dejará de ser la Presidenta de la República. Atrás quedarán los cuatro años en los que intentó implementar una serie de reformas con las que buscaba cambiar la cara del país, en medio de un complejo escenario político, social y económico.
Pese a que logró imponer algunas de ellas e instalar avances y récords positivos en varias áreas, como en educación, equidad de género y energía, por mencionar solo algunas, el efecto provocado por la aparición de vínculos impropios entre el dinero y la política y la recesión económica terminaron por mermar sus posibilidades de éxito.
A nueve días de que la Mandataria deje el Palacio de La Moneda, es hora de realizar el balance de las luces y sombras de su administración, la cual tuvo que impulsar un programa de gobierno ante la mirada escéptica una ciudadanía descontenta y desconfiada de sus autoridades e instituciones.
Gratuidad, legado medioambiental y elogios internacionales
La última semana de enero de 2015 es recordada como la mejor del gobierno de Bachelet: Después de maratónicas sesiones en el Congreso, el oficialismo logró despachar el fin del sistema electoral binominal, la Ley de Inclusión Escolar y el Acuerdo de Unión Civil en pocos días.
Ello, sumado a la instalación de la Reforma Tributaria, dejaba un positivo balance del primer año en La Moneda. La aprobación de la jefa de Estado aumentaba al 44% y la Nueva Mayoría estaba más unida que nunca. Nada hacía presagiar que tan solo unos días después todo se derrumbaría con la aparición del caso Caval.
Ya al finalizar su gobierno, el miércoles 24 de enero de este año, el Congreso Nacional dejó lista para convertirse en ley la reforma a la educación superior. De ese modo, se consagró la principal promesa de campaña de Bachelet: Que ningún joven perteneciente al 50% más vulnerable tenga que pagar por estudiar en la universidad.
Con ello, puso el broche de oro a la reforma educacional que inició desde su llegada a La Moneda y que puso fin al lucro, al copago y la selección (ley de inclusión), a la desmunicipalización (Nueva Educación Pública), nueva carrera docente, creación de dos universidades estatales y cinco centros de formación técnica, entre otras medidas.
Con la creación de 14 áreas marinas y la Red de Parques de la Patagonia, Chile pasó de tener un 5% del territorio nacional bajo protección a un 38%. La eliminación de las bolsas de basura en comunas costeras, la ley de fomento al reciclaje y los impuestos verdes, entre otras medidas, son parte del sello medioambiental de Bachelet.
Un registro que le valió ser reconocida por la ONU por su liderazgo político en esta materia. Gracias a su gestión, Chile tiene una cobertura total de áreas protegidas superior al millón de km2, la más grande del mundo, y la producción de energía renovable pasó del 6% a un 17% durante su periodo, destacaron en el organismo.
Confirmando de algún modo la sentencia de que nadie es profeta en su tierra, la Presidenta vio caer su aprobación estrepitosamente tras el caso Caval y la dificultosa implementación de sus reformas, mientras en el exterior sus políticas eran bien evaluadas por organismos internacionales e influyentes medios de comunicación.
Fue así como la revista Time la eligió como uno de los cien personajes más influyentes del mundo y el New York Times dijo que su gobierno fue el más exitoso de las mujeres de izquierda en Latinoamérica. En tanto, el FMI y la OCDE respaldaron su proceso reformista . Su estatus le valió nuevos cargos en la ONU y la OMS.
A la hora de revisar sus discursos de cierre, la propia jefa de Estado ha definido una serie de medidas como los principales hitos de su mandato. La creación de la agenda de probidad y transparencia y el Ministerio de la Mujer, la implementación de la ley de cuotas, y la baja del precio de la energía son algunos de ellos.
También se suma la inversión en salud, que ha denominado “la más grande en la historia de Chile”, la aprobación de la Ley Ricarte Soto y la Ley Sanna, la entrega de más de 900 mil subsidios de vivienda y la instauración del aborto terapéutico en tres causales, la cual fue ampliamente celebrada por el oficialismo.
El prematuro inicio del fin con Caval y otros fracasos
El 5 de febrero de 2015, la Revista Qué Pasa publicó un artículo en el que detallaba el supuesto tráfico de influencias que habría ejercido el hijo de la Presidenta, Sebastián Dávalos, para favorecer a la empresa Caval, de propiedad de su esposa, Natalia Compagnon, para obtener un crédito para comprar un terreno en Machalí.
Dicha información provocó un verdadero terremoto para Bachelet. El caso generó un doloroso quiebre familiar y político, luego de que su hijo político, el entonces ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, se enfrentara a su hijo biológico. Su aprobación cayó al mínimo histórico y nunca se pudo sacudir de la polémica, hasta hoy.
En medio del manto de dudas sembrado por ese caso, las investigaciones de la Fiscalía por aportes irregulares a la política llegó hasta la jefa de Estado y el administrador de su precampaña, Giorgio Martelli, fue condenado por la justicia por los pagos que recibió su empresa, Asesorias y Negocios SpA, de parte de SQM.
Uno de los involucrados en el caso fue el propio ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, quien recibió dinero por una serie de cuestionados informes. Ese hecho, sumado a Caval, terminó por separarlo definitivamente a la Presidenta. Semanas después cayó Jorge Insunza, ex ministro Segpres, por sus vínculos con empresas mineras.
No fueron más de una decena las veces que la Presidenta Bachelet recibió a los líderes de la Nueva Mayoría, en una muestra de la distante relación que mantuvo con los partidos que sustentaron su gobierno. Las dificultades que tuvo el Gobierno para alinearlos se evidenció en una serie de sonados fracasos en el parlamento.
Los “matices” de la DC que frenaban la reforma educacional y la distancia que marcó ante la agenda valórica del Ejecutivo, el rechazo del PC al reajuste del sector público y el fracaso de la ley express por el padrón electoral fueron solo algunos de los ejemplos que terminaron minando la relación e influyendo en las derrotas electorales oficialistas.
Los hechos de violencia ocurridos en la Región de La Araucanía fueron un drama sin solución para Bachelet. Primero fueron las críticas por su ausencia en la zona y cuando decidió ir, no le avisó a su ministro del Interior, Jorge Burgos, quien le presentó la renuncia por ello. La Presidenta no la aceptó, pero la relación se dañó.
Debido a los atentados, y en un hecho sin precedentes, los camioneros protestaron frente al Palacio de La Moneda por el fracaso del Estado en la seguridad de la región. Después, la Operación Huracán provocó un quiebre con Mahmud Aleuy, uno de sus colaboradores más fieles, y generó una severa crisis que hasta hoy no tiene solución.
Finalmente, el programa de gobierno tenía tres pilares: La reforma tributaria, la educacional y la nueva Constitución. Las dos primeras salieron adelante, pero la tercera no: El proceso constituyente no tuvo el impacto esperado y sus plazos se fueron dilatando. Al día de hoy, aún no hay proyecto para la nueva Carta Magna.
En 2016, la reforma laboral sufrió un duro revés en el Tribunal Constitucional, luego de que Chile Vamos impugnara cuatro puntos de la iniciativa. También pasó lo mismo con las nuevas atribuciones del Sernac. En cuanto a anuncios, el cierre del penal de Punta Peuco y la reforma al sistema de pensiones quedaron sin respuestas.
