SANTIAGO.- "Estamos preocupados por esta tendencia del gobierno de pretender burlar el debate parlamentario a través de actos administrativos, modificando leyes vigentes", dijo hace unos días el presidente del PS, Álvaro Elizalde, acusando la tendencia al "decretismo" que, a su juicio, ha mostrado el Presidente Sebastián Piñera desde que regresó a La Moneda.
Según el líder socialista, dicha conducta se apreció en el decreto exento publicado por el Ministerio de Salud que modificó el reglamento de objeción de conciencia de la Ley de Aborto y advirtió que algo similar podría ocurrir en otras áreas. Lo mismo apuntó el senador y ex candidato presidencial opositor, Alejandro Guillier.
El Mandatario respondió que la oposición instaló un clima de "crispación", ante las críticas a otras medidas que adoptó vía decreto, como las visas para los ciudadanos de Haití que quieran venir a Chile. "No hay crispación si hay Estado de Derecho. Nadie puede estar sobre la ley y la derecha intenta imponer una especie de democracia patronal", retrucó Elizalde.
En medio de ese debate surge la pregunta acerca de si la administración de Piñera ha hecho un uso excesivo de la potestad reglamentaria que les otorga la Constitución a los jefes de Estado. Sin embargo, ello no se puede medir por la cantidad de normas dictadas, sino que por la fuerza que cada una de ellas tenga y los cambios que provocan.
De hecho, desde que asumió el cargo hasta la fecha, el gobernante ha dictado 1.268 decretos, cifra similar a los 1.118 ordenados por la ex Presidenta Michelle Bachelet en el mismo periodo. La mayoría de ellos están destinados a normativas básicas, como nombramientos de cargos relacionados con la instalación de un nuevo gobierno, entre otros.
¿Hay "decretismo" o no?
Ante la pregunta de si hay "decretismo" o no, el abogado constitucionalista ligado a la DC, Patricio Zapata, explicó a Emol que "era esperable que un gobierno que no tiene mayoría en el Congreso haga los máximos esfuerzos por intentar implementar sus políticas sin tener que pasar por el Parlamento".
No obstante, aclaró que "yo no rasgaría vestiduras si ese fuera un propósito, en la medida que no se pase a llevar ninguna disposición constitucional. Yo puedo entenderlo, pero hay áreas en las cuales pareciera ser que el mejor camino es la ley, como el tema migratorio".
"Ese tema no debiera ser objeto de un par de decretos aislados, sino una ley marco que se discuta en el Parlamento. Ahora, como eso se puede demorar un año o dos, uno puede encontrar un margen para una política de urgencia o emergencia para enfrentar una cierta crisis y me imagino que ese es el argumento que usa el gobierno", enfatizó.
Sin embargo, Zapata recalcó que "para cuestiones que tocan derechos, el camino es la ley, porque es lo que la Constitución exige y porque es el camino más adecuado en una democracia, ya que puedes escuchar a todas las voces, todos los puntos de vista y lo que hace el decreto después es aterrizar la definición que tomó el Parlamento".
En tanto, el abogado constitucionalista de la Universidad de Chile, Jorge Barrera, quien ha alegado causas ante el TC representando a Chile Vamos, recordó que "el sistema chileno se fundamenta en un presidencialismo fuerte y eso está manifestado en nuestra Constitución, donde las leyes tienen un contenido acotado y todo lo que no sea materia de ley está entregado a la potestad del Presidente".
"Por lo tanto, podríamos decir que la Constitución es decretista, porque permite que el Presidente llene los vacíos que no pueden ser llenados por la ley. Pero creo que si nos vamos a temas sustanciales, no hay un tema de intensidad regulatoria tal para acusar al Presidente que lleva pocos meses de querer regular por decreto", indicó.
Según Barrera, salvo la polémica del aborto "no existen otras materias donde exista una regulación intensa por parte del Presidente saltándose el Congreso. Por lo tanto, no existiendo alguna regulación de alta intensidad en materias propias de ley por parte del Presidente, parece más una crítica política que una crítica jurídica o constitucional".
Otra visión planteó el también constitucionalista, José Antonio Ramirez, abogado de la UC y asesor jurídico en ocasiones del PPD, quien aseveró que "hasta el momento, el Gobierno ha ejercido la facultad dentro del marco institucional. Por lo tanto, está dentro de su política pública la decisión de si recurre al Congreso Nacional para elevar a rango de ley sus políticas".
"Al Gobierno se le exige actuar de manera eficiente y legal y si hay quienes plantean que se excedió dentro de la potestad reglamentaria deben recurrir a los órganos de fiscalización. Ahora, en lo de aborto, obviamente hay que tener mucho cuidado en distinguir entre la ejecución de la ley a afectar los términos legales ordenados por el mandato legal", dijo.
Ramírez destaca que "lo que se le pide al gobierno es que actúe con rapidez y para eso lo hace vía potestad reglamentaria, esa es la forma que debe actuar. Por tanto, no se le puede reprochar que actúe con la potestad, por el contrario, debe alabarse al gobierno por hacerlo lo más rápido posible. Lo que no puede realizar es excederse del marco legal".
¿Se puede avanzar a través de decretos?
Consultado sobre si es posible que Piñera avance en su agenda apostando a los decretos por sobre la acción del Congreso, Zapata respondió que "o el Gobierno modera sus ambiciones, mete en un cajón alguna promesa y se dedica a gobernar por decreto, donde se hacen cambios menores, o asume que tiene que buscar mayorías".
"Yo quiero pensar que estas mesas creadas por La Moneda eran para preparar el ambiente de consensos para ir al Parlamento. La impresión que uno tiene es que el Gobierno tiene muy claro que si quiere hacer estos cambios que anunció, tendrá que ir al Congreso a conseguir votos de la oposición y que el decreto no basta", indicó.
1.268decretos ha firmado el Presidente Piñera
Sin embargo, aclaró que "estamos recién empezando. Si fuera fútbol y los cuatro años fueran 90 minutos, dos meses serían el minuto 4 del primer tiempo. Ha habido cuestiones que a uno le llaman la atención y le merecen reproche, pero yo esperaría antes de afirmar que aquí hay una voluntad de pasarse por alto al Parlamento y de gobernar por decreto".
Mientras Barrera comentó que "constitucionalmente es posible avanzar en aquellas materias que no estén reservadas al dominio legal. Respecto a aquellas que son materia de ley necesariamente hay que pasar por el Congreso, pero insisto en que es una decisión política, porque estamos frente a un Gobierno que no tiene mayoría en el Congreso".
"Por lo tanto, parecería obvio que eso no significa que va a estar cuatro años parado sin poder regular nada. Por lo mismo, previendo ese escenario, es que la Constitución establece que ciertas materias son de ley y todo el resto está encargado a la potestad reglamentaria del Presidente de la República", recordó.
Finalmente, Ramírez acotó que "lo que se está diciendo es que el gobierno está dictando decretos en materias propias de ley o que debería discutir legislativamente en el Congreso. Ese es el punto, entonces la verdad es que si los decretos son legales, eso lo controla la Contraloría y si es materia de ley va a ser representado, es decir, rechazado".
"En una administración de cuatro años sin reelección, las políticas públicas deben ser muy ágiles dentro del marco legal y el Gobierno debe, sobre todo si quiere implementar una nueva política pública, un cambio sustantivo, ocupar la normativa existente. Y si existe un decreto es su obligación hacerlo, no se le puede decir que no", concluyó.
