El Presidente Piñera, junto a la Primera Dama, Cecilia Pérez, la ministra de la Mujer, Isabel Plá y el ministro Segpres, Gonzalo Blumel.
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SANTIAGO.- Como parte de la agenda por la equidad de género que anunció el Presidente Sebastián Piñera la semana pasada, el Gobierno envió un instructivo a 211 reparticiones públicas –incluyendo ministerios, subsecretarías y gobernadores- donde se establecen lineamientos para proceder e investigar las denuncias de acoso sexual y laboral.
El documento, despachado el 23 de mayo, se titula Instructivo sobre igualdad de oportunidades y prevención y sanción del maltrato laboral y acosos sexual en los ministerios y servicios de la Administración del Estado. Cuenta con 12 páginas y está firmado por el mismo Presidente Piñera.
"La voluntad del Gobierno de Chile es consolidar una cultura de pleno reste por la dignidad de las personas y buen trato, especialmente en las instituciones públicas, habida cuenta de su trascendencia den la sociedad civil y la importancia para Chile de hacer efectiva la igualdad de derechos y oportunidades", dice el documento.
Sobre las medidas "mínimas" que deben adoptar las reparticiones públicas para prevenir el maltrato, acoso laboral y sexual, el texto señala que se debe "elaborar y desarrollar planes anuales de prevención de maltrato, acoso laboral y sexual; promover el buen trato, ambientes saludables y de respeto a la dignidad de las personas; realizar acciones de difusión y sensibilización de estos temas", entre otras.
Respecto a los procedimientos ante una denuncia por maltrato o acoso, el instructivo señala que todas las instituciones deben disponer de procedimientos claros y preciosos que permitan cumplir con la obligación de denunciar estos hechos.
Además, en el mes de enero de cada año, los servicios públicas deberán remitir a la Dirección Nacional del Servicio Civil la actualización de sus procedimientos de denuncia e investigación de maltrato y acaso. "En forma excepcional se entregará un primer informe de actualización durante el mes de junio de 2018", dice el texto.
También se obliga que todas las instituciones públicas deberán disponer de procedimientos para investigar y sancionar las conductas de maltrato y acoso.
En esa línea, se señala que los principios para los procedimientos deberán incluirán, confidencialidad, imparcialidad, rapidez, responsabilidad e igualdad de género.
Ante la realización de un procedimiento, el instructivo presidencial señala que las denuncias debe ser dirigida a la autoridad administrativa, pero además cada servicio público deberá definir una persona receptora de estas denuncias, "especialmente calificada y que resulte cerca y accesible".
En esa misma línea, se señala que si la autoridad máxima del organismo decide no acoger la denuncia, el denunciante podrá recurrir a la Contraloría General de la República.
