SANTIAGO.- El Servicio Nacional de Menores
(Sename) reveló una serie de situaciones a la Cámara de Diputados tras la fallida adopción de una menor de nueve años por parte de un matrimonio italiano. Entre ellas, según consigna La Tercera, irregularidades en la gestión realizada en nuestro país por la
Fundación Mi Casa y la cancelación de acreditación de la entidad
Patrizia Nidoli en Chile.
La fundación gestora de la pareja interesada en adoptar a la niña chilena, hasta el 31 de marzo de este año ha funcionado como nexo para la adopción de 303 menores chilenos, seguida de Rusia (176), Bulgaría (56) y en América Latina destacan Bolivia (40) y Perú (13).
Para el diputado independiente René Saffirio las entidades Mi Casa y Nidoli actuaron como "agencias". "Llama la atención que el 70% de las adopciones internacionales son a Italia".
De acuerdo a la fundación europea, el proceso de adoptar a un menor en nuestro país le cuesta a una familia italiana $12.502.080. De ellos, $4.044.790 corresponden al desembolso a realizar en Italia y el resto es solicitado por los gastos que se debe incurrir en Chile.
Lo anterior, no incluye el valor de los pasajes ni estadías de los eventuales padres durante los 60 días que la ley les obliga a permanecer en territorio nacional durante la etapa de preadopción.
Actualmente la niña permanece en una residencia para menores en Roma luego que la pareja decidiera retractarse de su decisión a los ocho días de llegar a Italia.
Durante una audiencia en el Tribunal de Menores de ese país, el matrimonio dio a conocer en febrero su indisponibilidad de llevar a cabo un proceso "tendiente a recibir a la niña". Esto, según el Sename, al mostrarse "incapaces de atender el sufrimiento y necesidades" de ella.
El canciller
Roberto Ampuero manifestó este viernes que convocará a una reunión de expertos para definir cuál será la estrategia, "qué se quiere plantear, ante quiénes y qué posibilidades reales hay de hacer aquello que se propone hacer", en el caso de la menor.
La instancia estaría integrada por altos representantes del Ministerio de Justicia, Cancillería, Sename y Comisión de Familia de la Cámara de Diputados.
