Abbott, Guerra y Gómez han sido el blanco de los cuestionamientos.
Alejandro Balart, La Segunda.
SANTIAGO.- A varias críticas se ha enfrentado la fiscalía en las últimas horas desde el mundo político, tras sus decisiones en los casos Penta y SQM, con el ex ministro Pablo Longueira y la oposición como principales protagonistas. Pero todo comenzó hace unos días.
Que quienes trabajan ahí "actúan con escaso profesionalismo" o que "hay una interpretación torcida de la ley", abrieron los fuegos, después de conocerse la salida alternativa ofrecida por el fiscal regional Manuel Guerra -y aceptada por el tribunal- a Carlos Délano, Carlos Lavín y Pablo Wagner, cuya reformalización suprimió el delito de cohecho y soborno.
En entrevista con El Mercurio el domingo pasado, la presidenta del Consejo de Defensa del Estado (CDE),
María Eugenia Manaud.aseguró que "hay una interpretación torcida de la ley (...) No está previsto en el código hacer una reformalización en los términos que se hizo -con supresión de hechos y delitos- y que el querellante quede excluido.
Es una interpretación torcida de la ley, porque no es una interpretación coherente de todas la normativas que regulan la intervención del querellante".
A las palabras de Manaud se unieron las del ex fiscal Carlos Gajardo, quien sostuvo que "la fiscalía en el caso Penta ha dado este mensaje a los empresarios: pueden pagarle 3 millones de pesos todos los meses a ministro, subsecretario o parlamentario y luego reunirse con ellos para tratar los negocios de la empresa. Eso dice la fiscalía no es delito".
Pero hoy estas se intensificaron desde otro frente, nada menos que desde el mundo político y con un blanco claro: el fiscal nacional, Jorge Abbott y el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez.
Desde el Frente Amplio llegaron a la Corte Suprema para presentar una solicitud de destitución contra el jefe del Ministerio Público, la cual también llevaba la firma de personeros del PRO y la ex Nueva Mayoría, tras el cierre de los casos de financiamiento irregular de la política relacionados al holding de Délano y Lavín.
A los parlamentarios de la colectividad los acompañó la ex candidata presidencial,
Beatriz Sánchez, quien sostuvo que "hoy confiamos menos en la Fiscalía Nacional después de lo que conocimos en el caso Penta.
Yo me pregunto cuánto de eso tiene que ver con el rol que ha jugado el Fiscal Nacional, Jorge Abbott. Creo que estamos acá porque, de una vez en este país, hay que hacer lo que hay que hacer".
"Si estamos acá es porque queremos que la cárcel no sea solamente para la gente que no tiene lucas en este país. Que no se pague la pobreza con la cárcel, sino que tengamos una justicia que sea igual para todos los chilenos", agregó.
Caso SQM
Pero no es tan solo Penta el caso que suscita críticas.
Gómez, a cargo del caso SQM, presentó ayer acusaciones contra 16 imputados en la causa entre los que se cuentan el senador Jorge Pizarro; el ex candidato presidencial del PRO, Marco Enríquez-Ominami; el ex gerente general de SQM, Pablo Contesse, y el ex ministro de Sebastián Piñera, Pablo Longueira.
Fue este último, acusado el lunes de cohecho y que se encontraba fuera del terreno político tras bajarse de la carrera presidencial en 2013, el que mediante una declaración pública dijo que era hora de "
que los fiscales respondan cuando actúan con escaso profesionalismo y carecen de la más mínima imparcialidad en la gestión de sus causas".
En la misiva también acusó al fiscal de realizar una "persecución implacable e injusta" en su contra y de su familia.
"Ha llegado el momento en que todo Chile sepa cómo actúan algunos fiscales. A los días de negarnos a aceptar una salida alternativa (...) el fiscal allanó personalmente mi casa particular de madrugada, mientras aún dormíamos, para llevarse dos computadores que ofrecimos entregar voluntariamente", añadió.
Asimismo apuntó a que el resultado de una investigación no puede "depender de las preferencias políticas del equipo de fiscales que investiga una causa".
