SANTIAGO.- Durante los últimos días, el Ministerio Público ha sido blanco de fuertes críticas de parte de algunos representantes del mundo político y judicial. En todos los casos, los fuegos apuntan al desempeño y los acuerdos que se ha alcanzado en las indagaciones por el financiamiento irregular de la política, conocidos como los casos Penta y SQM.
Sin embargo, el principal cuestionamiento recae en el jefe del ente persecutor: el fiscal nacional, Jorge Abbott.
Es por esto que un grupo de diputados del Frente Amplio llegó el martes hasta el Palacio de Tribunales para presentar ante la Corte Suprema una solicitud de destitución. El documento está firmado por representantes del PPD, PS, PC y el PRO.
De acogerse, se removería la cabeza de la fiscalía por primera vez desde su existencia.
Críticas
En 2015, Abbott se convirtió en el tercer fiscal nacional del país, asumiendo el cargo por ocho años.
Hoy, se le critica la intervención que habría tenido en el caso Penta, donde se inhabilitó por su parentesco con el entonces presidente del directorio del holding, su primo hermano Alfredo Moreno Charme, quien actualmente es ministro de Desarrollo Social.
Pese a esto, sostiene el grupo de parlamentarios, Abbott se reunió con el ex senador -y actual ministro de Justicia- Hernán Larraín para hablar sobre el caso. La cita se concretó a un día de haber sido electo Piñera. Y 28 días después, señalaron, el fiscal metropolitano Oriente, Manuel Guerra, acordó un procedimiento abreviado con la defensa de Iván Moreira.
Esto último, motivó la salida de los fiscales emblemáticos del caso, Carlos Gajardo y Pablo Norambuena.
Así también, los legisladores le critican sus dichos en la última cuenta pública, donde pidió a los fiscales ser "diligentes" en causas que involucren a "representantes de elección popular", indicando que "nuestras decisiones pueden impactar el funcionamiento de otras instituciones". Con molestia, el gremio le contestó: "No hay persona ni grupo privilegiado".
El camino que podría seguir el persecutor
Según indica el artículo 53 de la ley orgánica constitucional del Ministerio Público, el fiscal nacional solo podrá ser removido por la Corte Suprema, a requerimiento del Presidente de la República, de la Cámara de Diputados o de diez de sus miembros, "por incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones".
Este último argumento es el que esgrimió el grupo de oposición en la solicitud que aún debe ser admitida por el máximo tribunal, y para lo cual no hay plazo determinado.
"La solicitud de remoción señalará con claridad y precisión los hechos que configuraren la causal invocada y a ella se acompañarán o se ofrecerán, si fuera el caso, los medios de prueba en que se fundare. Si la solicitud de remoción no cumpliere estos requisitos, el pleno, convocado al efecto, la declarará inadmisible en cuenta, sin más trámite".
De ser admitida a tramitación, "el Presidente de la Corte Suprema dará traslado de ella al fiscal inculpado, el que deberá ser evacuado dentro de los ocho días hábiles siguientes a la fecha de recepción del oficio respectivo, que le será remitido junto con sus antecedentes".
Posteriormente, el supremo citaría una audiencia en que se recibirán las pruebas y designará el ministro ante el cual deberá rendirse.
Llevadas a cabo las diligencias, la causa se debería presentar ante el pleno convocado especialmente para esto. "Para acordar la remoción, deberá reunirse el voto conforme de cuatro séptimos de sus miembros en ejercicio".
Luego, indica el artículo 85 de la Constitución, el Presidente tendría que designar un nuevo persecutor a partir de una quina presentada por la Suprema, y con acuerdo de dos tercios del Senado. Si estos no lo aprueban, el máximo tribunal deberá proponer un nuevo nombre en sustitución del rechazado, "repitiéndose el procedimiento hasta que se apruebe un nombramiento".
