SANTIAGO.- Casi tres meses lleva la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, a la cabeza de una institución autónoma creada este año, la cual, asegura, aún no cuenta con el presupuesto necesario para funcionar correctamente.
"Esta institución está partiendo y uno esperaría que desde ahí precisamente la gestión política estuviese encaminada a que esto avance y a preocuparse por ejemplo de las enormes dificultades que hemos tenido para implementar la institución donde todavía yo sigo sin partida presupuestaria", partió señalando en conversación con radio Universo.
Y explicó: "La gestión del Estado no es lo suficientemente rápida y porque además no se generó un soporte orgánico específico para la implementación de la institución”.
De acuerdo a la abogada, esto implica que "no le puedo pagar a la gente que trabaja conmigo", y que hay funcionarios que llevan más de dos meses sin recibir remuneración alguna.
Es por esto que que los pagos van a realizarse de manera retroactiva. "De hecho, ayer le mandé un mail al ministro (Gonzalo) Blumel solicitando la colaboración en esta materia, porque sin las aprobaciones de los estatutos no puedo hacer los concursos de las jefaturas de las unidades por Alta Dirección Pública. Estoy esperando que me responda".
"Cuando tu eres ciudadano y te dicen vas a tener una institución nueva, tú te imaginas que desde que la ley tiene vigencia está lista y funcionando y por lo tanto operativa, pero eso no es así. Tengo personal limitado, no puedo contratar más, hay personas que no han recibido sueldo, tengo que ir al Congreso manejando yo, con mi auto. De verdad pensaba que había otra lógica al momento de implementar una institución"", señaló.
Choque con autoridades
Muñoz sostuvo también que al ser la Defensoría una institución nueva, "las autoridades no saben muy bien cómo desenvolverse en relación con ella".
Esto, indicando que envío dos profesionales de la Defensoría a Quintero y Puchuncaví y que pese a que el intendente tenía la disponibilidad de conversar, el seremi de Salud "no quiso hablar con nosotros y dijo que teníamos que pedir información por Transparencia”.
"Ni siquiera las autoridades están teniendo muy claro cuál es el rol de esta institucionalidad. Por lo tanto, no están atendiendo al deber que impone la legislación de remitir información y dar cuenta a esta institucionalidad", puntualizó.
Sobre el caso de contaminación en la zona, indicó que pudieron identificar la falta de un "proceso de contención emocional o apoyo psicológico" para los menores afectados.
