SANTIAGO.- Hace casi un año se puso en marcha el proyecto que, de primeras, no iba a tardar más de tres o cuatro meses: derribar el muro que separa las poblaciones La Legua Emergencia de la Villa Los Jardines, con el fin de abrir siete pasajes y mejorar el patrullaje e intervención en una de los sectores más complicados del país.
Sin embargo, las faenas siguen paralizadas y, según aseguró el ministro del Interior, Andrés Chadwick, a Emol, "todavía no, aún no (hay fecha para retomarlas)".
Llevar adelante el trabajo no ha sido fácil. El 26 de noviembre de 2017 vecinos del lugar agredieron con piedras y botellas a los trabajadores que pretendían iniciar la obra y se enfrentaron con Fuerzas Especiales de Carabineros. Lo mismo había ocurrido días antes cuando se comenzaron a trazar las líneas y debilitar los muro para los trabajos de derribo.
La gente estaba dividida. Algunos creían que el plan de intervención iba a permitir quitarles poder a las bandas narcos que operan desde el lugar, mientras que otros sostenían que la situación solo iba a empeorar.
Las faenas se retomaron el 16 de noviembre, cuando, pese a algunas protestas, se abrieron los pasajes Karl Brunner y Sánchez Pinzón. En esa oportunidad, el alcalde de San Joaquín, Sergio Echeverría, indicó que era necesario blindar algunas casas para continuar. Menos de 48 horas después, un enfrentamiento dejó a dos fallecidos y dos heridos.
El reforzamiento de las casas culminó recién a comienzos de marzo y una nueva situación empezaba a vislumbrarse.
"Hemos avanzado directamente con ellos, trabajando y existe un plan integral que busca devolver la normalidad y la tranquilidad al barrio. Eso sigue avanzando".
Katherine Martorell, subsecretaria de Prevención del Delito.
La idea de habitar fortalezas en un lugar donde se realizan cerca de 90 controles policiales diarios parecía atractiva, por lo que algunos vecinos, señalaron a Emol en ese entonces, recibieron ofertas de $70 millones por la venta de las casas ya blindadas o hasta dos millones mensuales por arriendo.
En abril, el jefe comunal aseguró a este medio haberse reunido con la intendenta metropolitana, Karla Rubilar, y la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, para continuar con la aperturas. "Ya no hay excusa. Nos dijeron que están de acuerdo y aún no convocan", indicó.
"La situación debería estar clara"
Consultada sobre el tema, la subsecretaria Martorell destacó que han habido constantes "conversaciones con todos los dirigentes de La Legua de manera constante. Estamos avanzando, de hecho el viernes de la semana pasada estuvimos almorzando con el ministro del Interior en la Legua y además también vinieron a La Moneda".
En dicha oportunidad, el secretario de Estado señaló que uno de sus principales objetivos es normalizar La Legua, sacar el estigma de violencia y retomar prontamente las obras.
Martorell añadió que aún no hay fecha, pero que esperan sea pronto: "Hemos avanzado directamente con ellos, trabajando y existe un plan integral que busca devolver la normalidad y la tranquilidad al barrio. Eso sigue avanzando".
En conversación con Emol, Echeverría señaló que esta semana sostuvo una reunión con la subsecretaria y la intendenta Karla Rubilar, donde "se comprometieron que en las próximas semanas se va a ingresar algún tipo de proyecto o permiso de demolición y la municipalidad se compromete a tramitarlo rápido. No hay fecha clara, pero, debería ser luego".
Explicó además, que la situación más crítica ocurre en los pasajes Sánchez Colchero, Santa Catalina y Francisco de Zárate, que es precisamente donde se encuentran los clanes de Los Gálvez y Los Cochinos. También que las primeras aperturas permitieron mejorar la conectividad y resguardo en el sector.
El jefe comunal reconoce que el cambio de Gobierno sí afectó en haber retomado los trabajos con mayor celeridad. "Es normal que necesiten tiempo para ajustarse, pero ya a siete meses la situación debería estar clara".
El principal problema que ahora enfrentan las autoridades es la negativa de ocho familias a reubicarse para iniciar las obras. "Se les han dado distintas alternativas, llegó el momento que si no aceptan, el Estado va a proceder, porque esto tiene que resolverse y confío en que el actual Gobierno tiene esa disposición", concluyó el alcalde.
