SANTIAGO.- Sancionar hasta con penas de cárcel a quienes justifiquen, aprueben o nieguen las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el régimen militar chileno y acreditadas por instancias formales del Estado. Esa es la indicación que se tomó el debate en torno a la discusión en la Cámara de Diputados del proyecto de ley que busca tipificar el delito de incitación a la violencia.
Un grupo de diputados DC busca ir más allá de la idea impulsada por la parlamentaria comunista Carmen Hertz: plantean ampliar las sanciones a quienes justifiquen delitos similares ocurridos en el extranjero y que hayan sido condenados por organismos internacionales.
Algunas voces al interior de Chile Vamos han rechazado el proyecto, ya que consideran que estos castigos limitarían el derecho a la libertad de expresión, opinión e información consagrado en la Constitución.
A este debate, por medio de una columna en El Mercurio, entró el abogado y rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña. A primera vista, señaló, una regla como sancionar el negacionismo "debiera ser celebrada. Mediante ella, la sociedad se cercioraría de que los intentos de cerrar los ojos de las nuevas generaciones ante esos crímenes fructificarán".
"Todos quienes mediante diversos pretextos y argucias sugieren que esos crímenes debieron, después de todo, cometerse, tendrían que, una vez que la ley se apruebe, callar o afrontar la privación de su libertad", agregó.
Sin embargo, y a pesar de esas apariencias, "una regla como esa no debiera ser aprobada", recalcó.
"Si se hace callar de esa forma a quienes niegan las violaciones a los derechos humanos, no solo la libertad de expresión se vería amagada o inhibida, sino que también la propia causa de los derechos humanos aparecería perjudicada. La libertad de expresión, que no hay que olvidar es también un derecho humano, sufriría un desmedro", añadió Peña.
En ese sentido, el doctor en filosofía recordó que "las sociedades abiertas reconocen la libertad de expresión a sus miembros para que digan o expresen puntos de vista que van contra las convicciones que abriga la mayoría".
"Si el castigo del prohibicionismo fructificara, si las personas que piensan que las violaciones a los derechos humanos no ocurrieron como tales violaciones, entonces en la cultura pública se formaría un tabú que al congelar el debate impediría el discernimiento que permite condenar racionalmente esos crímenes".
Carlos Peña
Por lo tanto, argumentó que la forma de contrarrestar a quienes niegan las violaciones a los derechos humanos no es callarlos "con la amenaza de prisión, como lo sugiere este proyecto", sino que "es mejor refutarlo reverdeciendo de esa forma, una y otra vez, las razones que hacen que las violaciones a los derechos humanos no puedan ser justificadas porque su respeto constituye un imperativo categórico, quizás el único, que abrigan las sociedades democráticas".
"Si en cambio el castigo del prohibicionismo fructificara, si las personas que piensan que las violaciones a los derechos humanos no ocurrieron como tales violaciones, entonces en la cultura pública se formaría un tabú que al congelar el debate impediría el discernimiento que permite condenar racionalmente esos crímenes", afirmó el rector de la UDP.
Peña insistió en que la cultura de los derechos humanos no se promueve mediante "prohibición", sino que a través de "un debate libre, abierto y vigoroso", y aseveró que para él está "muy bien" castigar el discurso de odio, pero "no está bien" sancionar penalmente el negacionismo.
"Porque al hacerlo se lesiona la libertad de expresión, se impide el debate que reverdece las convicciones en materia de derechos humanos y se lesiona la libre investigación histórica, que es el esfuerzo infinito de la cultura humana por comprender a sí misma", concluyó
