El proyecto de ley "antisaqueos" y "antibarricadas" fue aprobado ayer por la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados tras un extenso debate, por lo que durante esta jornada la iniciativa será discutida en la Sala de la Corporación.
La idea, impulsada por los diputados Gonzalo Fuenzalida (RN), Miguel Ángel Calisto (DC), Gabriel Silber (DC), Matías Walker (DC) y Marcela Sabat (RN) busca sancionar más gravosamente saqueos y desórdenes (incluido barricadas) que se den en un contexto de manifestaciones ilegítimas o alteración de orden público. Iniciativa que incluso ha sido respaldada por el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, quien ayer llamó al Congreso a aprobarla.
Respecto a saqueos, según el Ejecutivo, "se modifica el delito de robo en lugar no habitado, agregando un nuevo inciso segundo, que tiene por objetivo aumentar la penalidad de presidio menor en su grado mínimo (61 días a 541) a grado máximo (3 años y un día a 5 años), cuando éste se comete 'actuando en grupo o individualmente pero amparado por él, y tuviera lugar en ocasión de calamidad pública o alteración al orden público".
Producto de este aumento de penalidad, quien sea condenado por dicho delito -y cuente con antecedentes penales-, no podrá optar a la pena sustantiva de libertad vigilada. "Solo podrá optar a la pena de libertad vigilada intensiva en la medida que no cuente con antecedentes, de lo contrario, deberá cumplir la pena privado de libertad", agregó.
En cuanto a los desórdenes, la propuesta pretende "sancionar los desórdenes públicos ocurridos en el marco de una manifestación o reunión pública, en cuanto sus partícipes se valen de ésta y de forma violenta concurren en desórdenes públicos, asegurando así su impunidad, con una pena de reclusión menor en su grado medio a máximo (3 años y 1 día a 5 años)", indicó el Gobierno.
¿Y qué se entiende por desorden público? Según el proyecto, aquello contempla siete puntos: Paralizar o interrumpir, gravemente, servicios públicos de primera necesidad; ejecutar actos violentos que sean peligrosos para la vida o integridad de las personas; destruir, total o parcialmente, pero de forma relevante, estructuras públicas o privadas; incendiar objetos o utilizar elementos destinados a impedir coactivamente la libre circulación de las personas o vehículos; impedir o dificultar la actuación de bomberos y otros servicios de utilidad pública; impedir coactivamente la realización de la manifestación o reunión pública; y cuando se ocupen o usurpen inmuebles públicos o privados.
Ejecutivo recalca necesidad de subir penas
Según cifras del Ministerio Públicos entre el pasado 18 de octubre y el 15 de noviembre, 25.505 personas han pasado a control de detención, siendo el delito de mayor concurrencia el robo en lugar no habitado (saqueo) correspondiendo a un 8,7% del total.
Los desórdenes públicos, en tanto, fueron, durante esos días, el cuarto delito más común (6,6%). Antes se encuentran las lesiones menos graves (8,6%) y amenazas simples contra personas y propiedad (7%).
Según La Moneda, gran parte de los detenidos por estos delitos han sido objeto de medidas cautelares menores. "Lo anterior, no importa bajo ningún punto de vista una crítica a la labor de los jueces de garantía, ya que en abstracto, medidas como la prisión preventiva parecerían desproporcionadas si el sujeto no arriesga privación de libertad".
"Pero sí demuestra la necesidad de otorgar al tribunal la posibilidad de decretar medidas cautelares más intensas", recalcó, agregando que es "evidente el impacto social que causa la facilidad con que muchos de estos sujetos perpetran delitos y la facilidad con la que rápidamente son puesto en libertad debido a las bajas penas", como "el desabastecimiento de la población" y el perjuicio en el empleo.
