A poco más de diez años desde que se promulgó la reforma que instauró la inscripción automática y el voto voluntario en Chile, el Congreso reactivó la discusión sobre el regreso al sufragio obligatorio, con un proyecto que ya fue aprobado en general en la Cámara de Diputados y que podría enfrentar su discusión en particular durante esta jornada.
Dicha iniciativa, impulsada por la diputada DC, Joanna Pérez, y suscrita por miembros de la oposición y Chile Vamos, apunta a detener los bajos niveles de participación registrados en las últimas elecciones, los cuales no coinciden con el interés ciudadano en asuntos nacionales que quedó en evidencia tras la crisis social, dice el texto.
Pese a que en primera instancia
recibió apoyo transversal, con 96 votos a favor y 33 en contra, esta semana ha ido perdiendo fuerza entre los legisladores de Chile Vamos que la respaldaron, luego de que el Gobierno comenzara una ofensiva para intentar convencerlos de que la rechacen y evitar así su aplicación en el proceso constituyente.
A juicio del ministro Secretario General de la Presidencia, Felipe Ward, "es mejor trabajar en los incentivos para que las personas vayan a votar que responder desde la política a través del voto obligatorio”, quien además descartó otras intenciones de parte del Ejecutivo: "No hay cálculos electorales", dijo.
No obstante, Pérez acusó que "en la UDI y el Gobierno están con la calculadora en la mano. Gran parte de RN reitera el apoyo a este proyecto", mientras que la presidenta de RD, Catalina Pérez lamentó que “existiendo el compromiso de diputados de RN y Evópoli, el Gobierno insista en reordenar la coalición por sobre el bien del país".
Sin embargo, desde el origen del cambio al sistema, generado a través de un proyecto de ley ingresado en 2004 por los senadores José Antonio Viera-Gallo (PS), Sergio Romero, Alberto Espina (RN) y Antonio Horvath (IND), han existido dudas acerca de qué sector político se ve más beneficiado.
Algunos de los hechos que obligaron a ir avanzando hacia la voluntariedad fue el envejecimiento del padrón electoral y el alto respaldo ciudadano que concitaba la idea, la cual después de años de tramitación terminó siendo promulgada en marzo de 2009 durante el primer gobierno de la
Presidenta Michelle Bachelet.
En esos días, en la Concertación, evaluaban que la medida podía beneficiarlos, al calcular que la mayoría de quienes estaban fuera del padrón serían de su tendencia. Sin embargo, en la entonces Alianza, tampoco lo veían con malos ojos, ya que creían que en el nuevo sistema, quienes saldrían efectivamente a votar lo harían por ellos.
Con esas impresiones en la mesa, el Presidente Sebastián Piñera, durante su primer gobierno, impulsó activamente la aprobación de la ley que pondría en marcha la reforma, la cual entró en vigencia en la elección municipal de 2012. Desde entonces, tras cuatro comicios, lo único claro fue que la participación bajó considerablemente.
¿A quién favorecerá el voto obligatorio?
Al respecto, el doctor en ciencias políticas y académico de la Universidad de Milán, Kenneth Bunker, recordó que “el cálculo del Gobierno en 2011 cuando se puso esta regla fue que los iba a favorecer, porque lograban movilizar a más personas y los votantes de centroizquierda se quedarían en casa”.
"La derecha podría ganar en los márgenes, sobre todo en las elecciones de alcaldes, donde se requiere un poco menos de votos y es por mayoría simple. Y ese fue el caso, creo que la derecha, no diría que en todas las elecciones, pero ha visto lo positivo en términos electorales tal vez un poco más que la izquierda", dijo a Emol.
En esa línea, Bunker subraya que "de hecho, la peor elección de toda la historia de la centroizquierda fue la de 2017. En ese sentido, hay un cierto incentivo electoral para reponer el voto obligatorio, porque en general, si uno mira las escalas de medición ideológica en Chile,
hay mucho más personas de izquierda que de derecha".
"Si todas esas personas votaran, entonces claramente sería favorable más para la izquierda que para la derecha. Asimismo, en la coyuntura de la crisis social, lo que parece ser claro es que las personas que se están movilizando son personas que son más de izquierda y de centroizquierda, pero no de derecha", enfatizó.
No obstante, aseguró que ve que un escenario de voto obligatorio "no sería malo para la derecha (…) si se obliga a votar, la cancha no solo es más pareja, aumenta la probabilidad de la derecha de contener una parte importante de votantes. En ese sentido, no entendí por qué el Gobierno se ha opuesto a la medida".
"Al Gobierno le puede convenir. Si es voluntario, van a haber muchas personas de derecha que ni siquiera se van a querer involucrar en algo que no sienten que es propio como el proceso constituyente. En cambio, las personas que son más de izquierda van a estar completamente involucradas en la elección", dijo.
A su juicio, "es más fácil movilizar a personas que ya están movilizadas que movilizar a personas que han estado latentes, entonces el Gobierno podría acortar un poco los riesgos (…) reponer el voto obligatorio en ese sentido podría beneficiar más al Gobierno que el voto voluntario".
Otros efectos políticos
En tanto, el cientista político y académico de la Universidad de Talca, Mauricio Morales, advirtió que "en un escenario de desafección con los partidos y de cuestionamiento de la democracia, aquellas personas críticas del régimen y que nunca irían a votar, perfectamente -al sentirse obligadas- podrían votar por opciones no institucionales".
"Es muy difícil que una persona que es históricamente desafecta, que se siente obligada a hacer algo que no quiere, salga a votar por alternativas institucionalmente establecidas. Lo más probable es que se incline por alternativas extra institucionales, siendo los candidatos populistas una acción válida para esos votantes", recalcó.
Asimismo, Morales apuntó que "tenemos una generación que no respeta 100% las reglas de la democracia, tanto así que se sienten con libertad para colocar barricadas, impedir el acceso al Metro o interrumpir una PSU. Por tanto, los costos de restituir el voto obligatorio pasan por hacerlo
en una ciudadanía sin mucho arraigo en la democracia".
En cuanto a los efectos en las coaliciones tradicionales, el académico sostuvo que “lo que veo es que si se restituye el voto obligatorio, los perdedores no tengo dudas que sería la centroderecha. No creo que jóvenes de extracción popular, obligados a votar, apoyen a candidatos de derecha".
"Es mucho más probable que apoyen a candidatos de izquierda e incluso a candidatos extrainstitucionales. De ahí que el Gobierno se oponga sistemáticamente a la idea y que haya optado por estudiar incentivos al voto voluntario", afirmó.
En tanto, la doctora en ciencias políticas y coordinadora del área de gobernabilidad en la oficina de Chile del PNUD, Marcela Ríos, comentó a este medio que es complejo identificar qué bloques se podrían ver beneficiados en términos electorales con un eventual regreso del voto obligatorio.
"La obligatoriedad del voto no resolverá por si sola la desafección con la política o la confianza en instituciones".
Marcela Ríos, Representante Residente Asistente PNUD
"Es muy difícil decirlo, ya que hay grupos de personas que no han votado nunca, en familias donde no se habla de política, y donde existe mucha desconfianza de los partidos y las instituciones formales, entonces
no está para nada claro cómo votarían", aseguró.
En cuanto a otros efectos que podría tener la medida, Ríos planteó que "la obligatoriedad del voto no resolverá por si sola la desafección con la política o la confianza en instituciones. Ello requerirá tiempo y medidas complementarias permanentes y focalizadas a distintos grupos de la población".
Asimismo, sostuvo además que el voto obligatorio contribuye a disminuir la desigualdad, pero debe, necesariamente estar acompañado de políticas permanentes de promoción de valores cívicos. "El voto obligatorio reduce la desigualdad política, en vista de que quienes no votan normalmente son las personas jóvenes, de escasos recursos y bajos niveles de educación", concluyó.
