Un ex funcionario de la municipalidad de Temuco y el dueño de una empresa de construcción fueron condenados por un fraude de más de $209 millones al municipio por pagos por trabajos en el sistema de alumbrado público que nunca se ejecutaron.
Los hechos ocurrieron entre los años 2014 a 2016, cuando el primero de los sentenciados, Jaime Cifuentes Carrillo, ejercía como Jefe del Departamento de Alumbrado Público de la Municipalidad de Temuco.
La investigación de la Unidad de Delitos de Corrupción de la fiscalía de La Araucanía determinó que al funcionario municipal le correspondía confeccionar las especificaciones técnicas de las licitaciones, además de verificar y controlar la efectiva realización de las obras adjudicadas.
"Se había pagado por parte de la municipalidad por obras del alumbrado público que efectivamente no se hicieron. Y por otro lado se logró establecer que existieron licitaciones ficticias, esto es que en realidad licitaron obras que ya estaban ejecutadas".
Fiscal Cristian Crisosto.
Fue en ese contexto realizó siete licitaciones para la instalación, mejoramiento y conservación del sistema de alumbrado público en distintos sectores de la comuna, las que fueron adjudicadas al mismo oferente, la empresa constructora de Héctor Sandoval Aróstica, con quien se coludió para defraudar al municipio.
"En primer lugar se había pagado por parte de la municipalidad por obras del alumbrado público que efectivamente no se hicieron. Y por otro lado se logró establecer que existieron licitaciones ficticias, esto es que en realidad licitaron obras que ya estaban ejecutadas. En el fondo se pagó por obras que no era necesario efectuar", explicó el fiscal Cristian Crisosto.
En audiencia de procedimiento abreviado Cifuentes y Sandoval admitieron responsabilidad en los hechos y fueron condenados, respectivamente, a penas de 4 y 3 años de presidio por los delitos de fraude al fisco y obtención fraudulenta de prestaciones estatales.
El persecutor destacó que se trató de una investigación compleja, ya que fueron necesarios peritajes de electro ingeniería efectuados en terreno por la Policía de Investigaciones (PDI) para verificar que las obras pagadas no habían sido ejecutadas, además de peritajes contables que lograron establecer pagos de dinero de parte de la empresa contratista al funcionario de la municipalidad, como también a diversos familiares de este funcionario.
