Un total de 25 reos y 12 funcionarios de Gendarmería con lesiones de diversa consideración fue el saldo que dejó el intento de fuga que se registró este jueves en el penal Santiago 1.
El incidente ocurrió durante la tarde, cuando un grupo de cerca de mil reclusos comenzó a protagonizar desórdenes y a enfrentarse con los equipos de seguridad, lo que alteró los distintos módulos de la unidad penal, que alberga a unos 3.800 imputados en prisión preventiva.
Sin embargo, la institución asegura que desde ayer que manejaban antecedentes del plan de escape de los reos, por lo que tomaron medidas preventivas que en definitiva impidieron que la fuga se concretara. Precisaron, además, que el plan contó con apoyo de personas desde el exterior del recinto.
Así lo explicó el Inspector Operativo, coronel Eduardo Muñoz Bravo, quien detalló que "desde la tarde noche de ayer que la institución estaba en conocimiento de esta situación, por lo tanto, se planificó la intervención del penal tanto con personal del recinto penitenciario como de grupos de intervención, quienes desde las 6 de esta mañana se constituyeron en el recinto".
"Gracias a esta proactividad, evitamos el intento de fuga. Se generaron desórdenes, pero nunca se perdió el control del establecimiento", agregó.
La fiscal jefa de Flagrancia de la Fiscalía Centro-Norte, Macarena Cañas, señaló que el Ministerio Público abrió una investigación por el caso, pero que Gendarmería ya había efectuado la denuncia en la mañana, anticipándose "a la preparación de la fuga masiva".
Según explicó la persecutora, la idea de las diligencias es "establecer la participación de los reos y formalizar a quienes tengan responsabilidad en los hechos, no sólo en el intento de evasión, sino que además por las lesiones que sufrieron tanto los gendarmes como otros reclusos", que en medio del caos habrían sido atacados con armas blancas.
De acuerdo a Gendarmería, la situación fue completamente controlada a las pocas horas y que tras los incidentes "se han recibido en la unidad penal al "Ministerio Público, a la Defensoría Penal Pública y al Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos", a fin de que investiguen las circunstancias de los hechos.
