El juez del 7° Juzgado de Garantía, Daniel Urrutia, revocó la prisión preventiva en que se encontraban 13 de los 28 adultos formalizados por desórdenes públicos en el perímetro cercano a Plaza Baquedano, apodado como la "zona cero".
Ello, en vista de lo acordado internamente en el tribunal a raíz de la pandemia de Covid-19.
Fue a comienzos de mes cuando Carabineros concretó la aprehensión de 62 personas y la Fiscalía Centro Norte optó por formalizar a 44 de ellos en vista de los antecedentes recopilados. 16 de estos eran menores de edad, quienes quedaron en libertad y apercibidos.
El caso levantó polémica debido a la medida cautelar que decretó el tribunal para los adultos.
Mientras el Ministerio del Interior, como querellante, pidió la prisión preventiva del grupo, el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública solicitaron para la mayoría -27 de 28 adultos- la cautelar de firma, la cual terminó siendo decretada por el tribunal.
La excepción la hizo un hombre que estaba con libertad vigilada intensiva, respecto quien finalmente se decretó la prisión preventiva, aunque bajo caución de $250 mil.
El Gobierno manifestó su descontento y apeló. Ya el 13 de marzo la Corte de Santiago revisó el caso y ordenó la prisión preventiva de los adultos y la medida de vigilancia de parte del Sename para los menores.
Nueva resolución
Pasaron las semanas y parte de la indagatoria volvió al tribunal de primera instancia, a raíz de lo acordado internamente.
Así, 13 de los imputados llegaron al magistrado Daniel Urrutia, quien revirtió la situación de oficio. Su nombre se ha vuelto un recurrente en los medios, tras el 18-O, por distintos fallos y declaraciones,
En la resolución, Urrutia consideró el estado de catástrofe decretado a nivel nacional y "que las cárceles son recintos donde la posibilidad de contagiarse es altamente probable, atendido el hacinamiento y la imposibilidad de que las medidas sanitarias mínimas puedan ser implementadas razonablemente".
"A lo que se suma la
cantidad de personas privadas de libertad con enfermedades de base que complicarían enormemente la respuesta del sistema de salud dentro de la población penal", añadió.
En esa línea, recalcó que el Comité de Jueces del 7° Juzgado de Garantía, "atendida la emergencia sanitaria y por razones humanitarias, ha decidido que todas y todos los jueces del tribunal revisen las causas donde existen personas sujetas a la medida de prisión preventiva de oficio", a fin de reemplazar las dicha cautelar en los casos donde sea posible.
"Los imputados que se encuentran actualmente en prisión preventiva en esta causa, en general, no registran condenas anteriores y existe una más que razonable posibilidad que, de ser condenados, cumplan estas condenas en libertad", acotó.
Ante ello y de oficio, se resolvió sustituir la prisión de 13 imputados, por el arresto domiciliario total.
En relación a la medida cautelar de los adolescentes, se ordenó que "esta no signifique traslados de los adolescentes, debiendo ajustarse la modalidad de control a las recomendaciones sanitarias vigentes durante la declaración de catástrofe".
