SANTIAGO.- Durante la tarde de este martes, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, abordó la polémica que se ha generado en torno al proyecto de ley que concede indulto conmutativo a reos de baja peligrosidad a causa de la pandemia del covid-19.
"Para enfrentar la pandemia, el Presidente Sebasitán Piñera nos ha solicitado diversas acciones relacionadas con las personas privadas de libertad. El proyecto de ley de indulto conmutativo, que está muy avanzado, reactivar la ley humanitaria que también puede prestar servicios para esta materia, y en particular, trabajar los indultos que el presidente puede en forma particular e individual otorgar a personas que están en una situación de salud muy deteriorada", señaló el secretario de Estado.
En esa línea, Larraín detalló que actualmente el Ejecutivo se encuentra analizando 26 solicitudes de este tipo, de la cuales 17 corresponden a personas condenadas por delitos comunes y nueve corresponden a condenados por delitos de lesa humanidad.
"En este ámbito, nosotros estamos trabajado con los que están ya con informe final, analizando y estudiando su situación. Estos son 14, de ellos 8 corresponden a personas condenadas por delitos comunes y seis a personas condenadas por delitos de lesa humanidad. Estos casos se analizan en forma individual y se piden más antecedentes si es necesario.
Esperamos tener todo ello lo antes posible para la resolución del Presidente de la República", agregó.
Por otra parte, el titular de Justicia calificó de "muy grave" el requerimiento formulado por un grupo de senadores oficialistas respecto al proyecto de ley que concede indulto conmutativo.
"El proyecto sigue avanzando. Hoy día, la comisión de Constitución del Senado aprobó el veto aditivo que va a permitir que este proyecto cumpla todos sus objetivos. Mañana lo debería aprobar en la mañana el Senado y en la tarde esperamos que ocurra lo mismo en la Cámara. Eso sería muy positivo", manifestó.
Agregando que "La mala noticia es que un grupo de senadores interpuso un requerimiento de constitucionalidad ante el Tribunal, lo que significa que mientras no se resuelva este, esas 1300 personas beneficiadas, que necesitan salir de la cárcel para cumplir bajo arresto domiciliario sus penas privativas de libertad, no lo van a poder hacer, porque tienen que esperar el fallo del TC".
"Esto es muy grave, se trata de gente de riesgo que no puede seguir internada y en la condición de prisión en que están. Necesitamos resolver esto lo más pronto posible, hay gente en situación de riesgo de vida", concluyó.
