Sumándose a lo resuelto por otras instituciones públicas, el
Pleno de la Corte Suprema acordó "no no es aplicable" el instructivo del Gobierno que establece el retorno paulatino de funcionarios públicos al trabajo presencial, el que se suspendió debido al covid-19.
El máximo tribunal señaló que los tribunales del país seguirán rigiéndose por la ley 21.226 y el auto acordado 53-2020, referentes a teletrabajo y otras medidas para enfrentar la pandemia.
De acuerdo al último reporte entregado, el 84% de los funcionarios del Poder Judicial se encuentran desempeñando sus funciones de manera remota.
"Debo hacer presente que hoy día se reunió el tribunal pleno de la Corte Suprema y acordó que el instructivo del Presidente de la República no nos es aplicable, sí la ley 21.226 que establece un régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales en las audiencias y actuaciones judiciales y para los plazos y ejercicios de las acciones por el impacto de la enfermedad covid-19 en Chile y, asimismo, el auto acordado número 53 que fue dictado por la Corte Suprema
", indicó la ministra vocera de la Suprema,
Gloria Ana Chevesich.
"Por lo tanto" -agregó- "debemos seguir desempeñándonos como lo hemos hecho hasta ahora, esto es fundamentalmente por la vía del teletrabajo o trabajo remoto".
El director nacional del Servicio Civil, Alejandro Weber, explicó la semana pasada los alcances que tendrá del oficio indicando, entre otras cosas, que aquellos trabajadores que sean considerados dentro del grupo de riesgo no deberán regresar a sus labores.
Por otro lado, destacó que "quienes no estén en grupos de riesgo, sí deben hacerlo de manera progresiva, resguardando las condiciones sanitarias para que eso ocurra". En total, serían cerca de 60 mil las personas que regresarían.
La resolución desató las críticas en la oposición que tildó el "plan retorno gradual" como una "irresponsabilidad y descriterio".
