Noventa días han pasado desde que se confirmó el primer contagiado por covid-19 en Chile. Se trataba de una persona de 33 años, oriunda de San Javier y que por ese entonces había regresado del sudeste asiático. Desde ese entonces, miles de casos se han confirmado, al igual que cientos de decesos.
La pandemia ha repercutido en distintas áreas, como la social, económica, laboral y también judicial. Dentro de esta última se encuentran los procesos de extradición, cuya materialización se ha visto frenada por las medidas sanitarias, como el cierre de fronteras.
Uno de los casos más mediáticos de los últimos días es el del chileno Nicolás Zepeda, requerido en Francia por el asesinato de su ex pareja japonesa Narumi Kurosaki. Hace casi dos semanas la Sala Penal de la Corte Suprema confirmó su extradición.
También está el caso del ex policía argentino encontrado hace dos semanas, y tras años de búsqueda, en la ciudad de Los Ángeles. El hombre fue condenado por el homicidio de un joven de 16 años durante una detención y es requerido por la justicia trasandina.
Ambos casos refieren a extradiciones pasivas, ya que es otro país el que busca a alguien en el suelo nacional, mientras que en las activas es Chile el que debe ir por alguien al exterior.
Los dos procesos son recientes, pero se prevé una posible demora en la materialización de las salidas. En tanto, ya son varios los casos, pasivos y activos, que se han visto afectados, según señalaron desde la Fiscalía Nacional y la PDI.
Coordinaciones y plazos
En conversación con Emol, el director de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradición de la Fiscalía Nacional (UCIEX), Antonio Segovia, detalló que, ante la emergencia sanitaria, se llevaron a cabo una serie de conversaciones para que los procesos no queden sin efecto.
"En general se han retrasado las entregas de requeridos en extradiciones activas como pasivas, tanto por el cierre de fronteras como por medidas de seguridad sanitaria de imputados y escoltas policiales. Nosotros hemos hecho las coordinaciones necesarias con la Cancillería y la Corte Suprema para evitar que el retraso en la entrega derive en los rechazos de extradiciones por no cumplimiento del plazo", detalló.
34Extradiciones pasivas y activas se realizaron el año pasado, según PDI.
Generalmente, explicó el abogado, una vez confirmada la salida es el ministro a cargo de la extradición el que informa de la situación a Cancillería, la que a su vez se contacta con la embajada en el país requirente a través de su Dirección de Asuntos Jurídicos para dar cuenta del plazo dado para ir a buscar al imputado o condenado. Este se define en base a los tratados o convenciones, y suele ser de dos meses. Luego de ello, las coordinaciones siguen a nivel policial.
"Con los cierres de fronteras se ha pedido aplazar el plazo. En general, lo que la Corte ha hecho en las extradiciones pasivas es aceptarlo, señalando que la situación resulta evidente ante el Estado de Emergencia o el tratado que se invoca permite la causal por fuerza mayor", acotó Segovia.
Agregó además que Cancillería ya envió un oficio a la Corte Suprema en el que, si bien se dispone ver caso a caso, se pide tener flexibilidad: "Eso es lo que hicimos en un principio y no han habido problemas. Ya se han debido aplazar varias extradiciones".
Hasta el momento, confirmó el abogado, la fiscalía ha solicitado, a través de Cancillería y tribunales, el aplazamiento en tres extradiciones activas, mientras que han recibido la misma petición respecto tres extradiciones pasivas.
Caída en las cifras
Desde la PDI, el subprefecto Ricardo Quiroz, jefe de Interpol Chile, dice que los procesos se han visto "bastante" afectados, considerando, por ejemplo, las detenciones que se hacen en el marco de estos casos.
Detalló así que para marzo de este año se llevaban ocho capturas para extradiciones, la mitad de las concretadas en todo 2019. En tanto, a la fecha Interpol registra siete extradiciones pasivas y activas, mientras que el año pasado la cifra fue de 34.
"Nos hemos encontrado con recomedaciones de seguridad para la persona, acompañadas de informes de peligrosidad. Cuando recibimos, tomamos medidas adicionales, como más escoltas, y sugerimos otras".
Subprefecto Ricardo Quiroz.
"La participación que tenemos es de coordinación a nivel policial, principalmente siguiendo las instrucciones cuando se trata de extradiciones activas. Recibimos un informe del ministerio de RR.EE. sobre materializar las extradiciones en un periodo determinado, explicó Quiroz.
Y continuó: "Si es en España, por ejemplo, nos contactamos con la Oficina Central Nacional (OCN) Madrid y tenemos que proponer una fecha tentativa del procedimiento para que coincida con la agenda de ellos, y quiénes son los oficiales que van a participar".
Se analizan otros aspectos logísticos, entre los que se incluye el número de escoltas y medio. En general, son dos detectives por requerido, optándose principalmente por vuelos comerciales.
34Extradiciones pasivas y activas realizó Interpol el año pasado.
"Nos hemos encontrado con recomendaciones de seguridad para algunas personas, acompañadas de informes de peligrosidad. Cuando recibimos esto, tomamos medidas adicionales y sugerimos otras", acotó el subprefecto.
A la fecha, precisó, hay extradiciones activas pendientes con Argentina, España, Perú y Alemania, y pasivas con Colombia, Ecuador y España.
"Apenas podamos estar en condiciones retomar los procesos, lo haremos", puntualizó.
