Los senadores Yasna Provoste, Francisco Huenchumilla, Ximena Órdenes y Carlos Montes son algunos de los impulsores del proyecto, además del independiente Carlos Bianchi.
Emol
Un grupo de senadores de oposición presentó un proyecto para acortar el plazo que tiene el Presidente de la República para vetar los proyectos aprobados por el Congreso Nacional.
Esto, en medio de la pugna que el Ejecutivo y el Legislativo mantienen por la admisibilidad de iniciativas discutidas en el Parlamento, y a la espera de la decisión que tome el Gobierno con la ley para suspender el cobro de servicios básicos durante la pandemia.
Se trata de la senadora DC Yasna Provoste y sus pares Francisco Huenchumilla (DC), Ximena Órdenes (PPD), Carlos Montes (PS) y Carlos Bianchi (Ind.), quienes propusieron una reforma constitucional para modificar los artículos 73 y 75 de la Constitución Política, a fin de reducir el plazo de 30 a 10 días, para acortar el período que corre desde el momento de finalizada la tramitación de un proyecto o moción en el Congreso hasta su puesta en marcha.
"En la Constitución, entre el tiempo que se entrega para vetar una ley, más el de su promulgación y publicación, se suman 45 días, constituyendo un plazo que consideramos excesivo, ya que el Ejecutivo en el Congreso es colegislador; sigue y conoce del trámite de todas las iniciativas legales", señalan los legisladores en el texto del proyecto.
A lo anterior, -sostienen los parlamentarios- se suma que no se justifica un período tan "excesivo" de tiempo. "Es más, hoy en día una ley puede estar publicada en el Diario Oficial al día siguiente o al subsiguiente de su despacho por parte del Congreso", afirman.
"El plazo se ha desvirtuado"
En el texto, los senadores acusan también que "el plazo de 30 días se ha desvirtuado de su sentido original, siendo utilizado por el Ejecutivo como una manera de dilación a la puesta en marcha e implementación de las leyes, lo que constituye una manera encubierta de incumplimiento transitorio de las mismas".
A modo de justificación, exponen algunos proyectos de ley que han sido despachados por el Congreso pero que cuya promulgación y publicación han sido "dilatados" por el Ejecutivo.
Por ejemplo, recuerdan la segunda Ley de Protección al Empleo, que fue despachada el 7 de mayo del 2020, pero que recién fue publicada como Ley N° 21.232 el 1 de junio, es decir, 25 días después. Dicha norma establecía -entre otras disposiciones- la imposibilidad de repartir utilidades por el ejercicio 2020 para las empresas que se acogían a la Ley de Protección al Empleo; y la continuidad del pago de pensiones alimenticias de aquellos que hicieran uso del seguro de cesantía y estuvieran realizando dichos pagos a través de sus empleadores.
"La dilación de la promulgación de esta ley permitió que un número aún indeterminado de empresas continuaran realizando retiros de utilidades y al mismo tiempo haciendo uso del beneficio de la ley, y miles de niños no recibir el pago oportuno de sus pensiones", señala el proyecto.
Otro de los proyectos mencionados por los firmantes es la iniciativa que dispone la postergación del cobro de las deudas por consumos de servicios básicos domiciliarios, y del corte de tales suministros en caso de deuda, durante la vigencia de alertas sanitarias o epidemiológicas decretadas por la autoridad.
"Esta iniciativa fue despachada por el Congreso el 11 de junio y aún no es publicada ni vetada por el Ejecutivo. Este es un proyecto especialmente necesario en el contexto de pandemia en el que vivimos hoy en día, por lo que se hace necesaria su promulgación y publicación a la brevedad", manifiestan.
Finalmente, también se recuerda la Ley que establecía las vacaciones en el verano para los Asistentes de la Educación del sector particular subvencionado, Boletín N° 11621-04, fue despachada por el Congreso el día 21 de marzo de 2019 y fue publicada como Ley N° 21.152 el 25 de abril del mismo año, más de un mes después de despachada. "Ello significó un perjuicio directo a miles de asistentes a lo largo de todo el país".
