El ministerio de Justicia y Derechos Humanos iniciará la próxima semana un proceso de diálogos con distintas instituciones para conocer su postura sobre cómo mejorar las condiciones de reclusión de los internos pertenecientes a pueblos originarios y distintos credos, y así cambiar el reglamento penitenciario para estos grupos.
"Los cambios que vivimos en estos tiempos obligan a transformar también nuestras instituciones. Por eso hoy llamamos a un diálogo intercultural y religioso, para cambiar la normativa que rige en los establecimientos penitenciarios", señaló el titular de la cartera, Hernán Larraín.
Ello, agregó, "de manera que los pueblos originarios y las personas que tienen distintas creencias religiosas, puedan encontrar, mientras están privados de libertad, el espacio y la oportunidad para hacer valer sus costumbres, su cosmovisión, sus ritos, su manera de practicar sus creencias, y así poder desarrollarse con plena libertad, en forma compatible con el régimen de prisión".
Ya han sido varios los casos de privados de libertad que han llevado a cabo huelgas de hambre para llevar a cabo algunas tradiciones. Por ejemplo, en 2018 uno de los condenados por la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay, Celestino Córdova, inició una protesta para poder dejar su lugar de reclusión y abandonar su Rewe. Esta implicó que el condenado bajara casi 30 kilos.
La metodología de trabajo será sostener encuentros semanales durante dos meses, que comenzarán la próxima semana de manera virtual y que contarán con actores institucionales vinculados a las temáticas en cuestión. Se oirá a organismos internacionales e intervinientes en el sistema penitenciario.
"Los cambios que vivimos en estos tiempos obligan a transformar también nuestras instituciones. Por eso hoy llamamos a un diálogo intercultural y religioso, para cambiar la normativa que rige en los establecimientos penitenciarios".
Ministro Hernán Larraín.
El ministerio estará abierto a recibir propuestas por escrito con el objetivo de identificar las brechas existentes, y elaborar soluciones que aborden el respeto a los derechos fundamentales en el sistema penitenciario.
Larraín tildó el proceso de "inédito", destacando la necesidad de "avanzar": "Lo haremos a través de un diálogo transparente y muy participativo, en donde los representantes de pueblos originarios, credos religiosos, y de las instituciones, podrán hacer valer sus puntos de vista".
En tanto, la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, dijo que el "trabajar las políticas públicas con un enfoque basado en los DD.HH. implica tener un compromiso con el principio de igualdad y no discriminación".
Entre los convocados se encuentran parlamentarios, representantes del Centro de Interculturalidad de la Facultad de Derecho de la U. de Chile; de la Asociación del Diálogo Interreligioso para el Desarrollo Humanos (ADIR); de distintos credos (capellanía católica y evangélica) y pueblos originarios; representantes del Instituto de Sociología de la U. Católica, junto a personeros del INDH, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y del Colegio Médico.
Según Gendarmería, el 3,6% de los 39.147 privados de libertad al 30 de abril de 2020 declaró pertenecer a un pueblo originario, manteniéndose la prevalencia de los mapuches con un 53% (752). En cuanto a pertenencia religiosa, el 78% de las personas declaró tener algún credo. El 1,4% de ellos dijo pertenecer a uno distinto del católico o evangélico.
