SANTIAGO.- Molestia generó en algunos sectores de Chile Vamos, el acuerdo alcanzado ayer entre el Gobierno y el machi Celestino Córdova, el cual permitió poner término a los 107 días de huelga de hambre de comunero mapuche condenado a 18 años de cárcel por el crimen de matrimonio Luchsinger Mackay. Así, éste podrá ir a su rehue por un máximo 30 horas, una vez que se recupere.
"Es un tema de alta complejidad y es ingenuo pensar que cualquier acuerdo que nosotros hubiéramos logrado, podría haber dejado contento a todo el mundo. Pero estamos convencidos que este acuerdo permite destrabar un tema que no nos permitía avanzar hacia el camino que tenemos que recorrer en La Araucanía", dijo esta mañana la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar a Radio Universo.
Acuerdo que no dejó a todos contentos en el oficialismo, desde donde algunos parlamentarios deslizaron la tarde del martes las primeras críticas, mientras otros han preferido guardar silencio, pese a la incomodidad con las gestiones encabezadas por el Ministerio de Justicia.
Una de las que se refirió hoy al tema fue la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, quien en entrevista con Radio Agricultura comentó que "él (Celestino Córdova) está preso, porque asesinó a la familia Luchsinger-Mackay. No hay ninguna razón para que alguien como él tenga beneficios distintos a una persona que mató a otro ciudadano sin ser de apellido mapuche".
En esa línea, Van Rysselberhe expresó que "me hubiera gustado que hubiesen sido menos horas, como 12 horas, no 30", el tiempo que se le concedió para ir a su rehue.
Más duro aún en sus palabras fue el diputado Miguel Mellado (RN), quien señaló a Emol que si bien "no puedo dudas de las buenas intenciones que quieran los ministros hacer, pero la verdad es que validar como interlocutor a una persona que está sentenciado por el asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay y que tenga una huelga de 107 días, que nadie en el mundo la ha podido llevar, o sea, es un record Guinness, es validar la violencia. Y relajando incluso en contra de lo que dijo la Corte Suprema, cuando no le permitió su salida ni siquiera al rehue cuando ellos hicieron el recurso de amparo".
A su juicio, "el Gobierno le tuerce la mano a la Suprema y le da la espalda a la gente que votó por el Gobierno en La Araucanía y que quiere paz con este grupo de personas que no representa al pueblo mapuche, que está manejado por el PC y que lo único que buscan es empujar a impunidad de personas que cometen actos violentos (...) Están muy molestos en La Araucanía con esta decisión, creo que esto no abre una puerta de encuentro, abre una puerta distinta".
"El ministro abrió la puerta para que en Santiago también aquellos presos que sean de origen mapuche, de Isla de Pascua, del norte o de otras etnias, además tengan que estar en situaciones distintas a cómo están los presos normales que cometen los mismos actos en Chile, o sea, hay chilenos de primera y hay chilenos de segunda", sentenció Mellado, agregando que solo se está "quedando bien con los organismos internacionales de Derechos Humanos" con esta determinación.
Ayer también el senador Iván Moreira (UDI) afirmó a Canal 24 Horas que "mi propio Gobierno ha cedido a la extorsión, las deudas históricas no se pagan con extorsión, ni menos amparando la violencia. Y yo quiero señalar que esta es una bofetada a millones de chilenos, especialmente de quienes viven en La Araucanía, de su propio Gobierno que no los protege, que no hace respetar el Estado de Derecho y que demuestra debilidad absoluta".
Desde Evópoli, en tanto, el diputado Sebastián Álvarez, opinó que "las atribuciones que tiene el Ejecutivo para negociar están dentro del marco legal que establece las facultades que tiene, en ese sentido, la negociación la hace en ese marco jurídico. Como diputado por La Araucanía y entendiendo que el acuerdo se ha establecido, solamente puedo pronunciarme sobre la expectativa que tengo de este acuerdo; yo lo único que espero es que este acuerdo venga a contribuir a terminar con los actos de violencia y el terrorismo que afecta a la región".
"Espero que este acuerdo signifique restablecer el Estado de Derecho, en que nuevamente las personas del mundo rural mapuches y no mapuches de la región puedan vivir sin temor y puedan vivir en paz (...) y que este acuerdo nos permita volver a establecer una línea de desarrollo, hacer productivos los campos, el turismo y el desarrollo de las distintas comunas", acotó Álvarez.
Y añadió que "si aquí se firma un acuerdo y no se restablece el Estado de derecho, no se terminan los actos de violencia y terrorismo, entiendo que este acuerdo no tuvo ningún significado, no tuvo ninguna trascendencia y significaría que nuestra región siga viviendo bajo el mismo estado de temor".
