Cuando restan sólo siete días para que inicie el período de propaganda para el
Plebiscito del 25 de octubre, en el Congreso se continúan afinando algunos detalles sobre el proceso.
En específico, la comisión de Constitución del Senado aprobó este miércoles las indicaciones del proyecto que regula los aportes y gastos para la campaña, por lo que ahora la iniciativa deberá ser debatida en Sala.
En un principio, los integrantes de la instancia aprobaron la idea de legislar la reforma constitucional, por tres votos a favor de los parlamentarios de la oposición versus dos en contra de los representantes de Chile Vamos
Luego, los senadores discutieron por varias horas los distintos puntos del proyecto, ya que la sesión estaba convocada hasta total despacho.
Según se acordó, el monto máximo de aportes individuales para la campaña quedó en 500 Unidades de Fomento para los partidos políticos, es decir, cerca de $14 millones 300 mil. En tanto, el tope de aporte para las organizaciones de la sociedad civil se estableció en 200 UF, unos $5 millones 700 mil.
Respecto al otro punto en discusión, la comisión determinó que la cifra máxima de gasto de los partidos políticos sea de aproximadamente $2 mil millones -la mitad de lo propuesto en un principio-, y fijó un tope de $127 millones para independientes u organizaciones de la sociedad civil.
También se aprobó la prohibición de los aportes de campaña desde el extranjero y de personas jurídicas.
"Debemos volver a la soberanía popular, por eso me opongo a que los más ricos financien las campañas. Hay que tener sentido de realismo con las millones de familias chilenas que no tienen recursos. Hay que regular la relación del dinero con la política. No podemos retroceder al caballero de traje gris del maletín", afirmó el senador DC Francisco Huenchumilla. La senadora Luz Ebesperger (UDI) respondió: "Estamos hablando de montos máximos, no significa que se gastará esa cantidad de dinero".
El resultado se conoce poco después de que la Cámara de Diputadas y Diputados despachara a ley el proyecto que otorga al Servicio Electoral (Servel) la facultad de fijar las normas sanitarias para la consulta constituyente, conocido como "Plebiscito Seguro" y que contó con el respaldo del oficialismo, la oposición y del Gobierno.
