Nuevos antecedentes han aparecido entorno a uno de los indagados por el asesinato del empresario Alejandro Correa, ocurrido a mediados de mayo de este año en Concón.
Se trata de Renato López Fuentes, quien esta semana fue formalizado como presunto autor intelectual del crimen, y por lo cual se dispuso su prisión preventiva.
De acuerdo a la fiscalía de Valparaíso, López habría pagado una millonaria suma a un sicario, que sería un ciudadano extranjero también recluido, para dar muerte al hombre con el que tenía una disputa ante el 1° Juzgado Civil de Quilpué por unos terrenos colindantes.
Entre los hechos que quedaron en evidencia durante los últimos días se encuentra la desaparición de la esposa de López. A.H.S., es buscada por la PDI desde diciembre 2009.
Sobre el tema habló el pasado miércoles el subprefecto jefe de la Brigada de Homicidos (BH) de la PDI en Valparaíso, Erick Martínez, indicando que "esa es una diligencia que en su momento tuvo la BH, realizó todas las diligencias necesarias a fin de establecer el paradero de la persona y hoy día como causa aparte se sigue trabajando de la misma manera. Se mantiene abierta como presunta desgracia.
Causa civil y tráfico de influencias
Por su parte, el fiscal Stefan Kramar acusó en la audiencia de formalización una estrategia de parte del imputado a fin de retrasar la causa civil que este sostenía con el empresario desde el año pasado, situación que habría llevado a que este pidiera a un tercero ocupar las tierras de Correa y al homicidio por encargo.
"Quien se identificó cuando Alejandro Correa fue a visitar sus terrenos fue una persona que se señaló llamar Luis Alarcón, (que) sí estuvo contacto y sí era completamente conocido por Renato López, como revelaron las escuchas telefónicas", explicó Kramar. La ocupación en cuestión quedó en evidencia tras una denuncia que realizó Correa días antes de su muerte.
Y agregó: "Lo que estima la fiscalía que hizo López fue congelar el juicio civil, darle una visión de acercamiento a Correa y propender que este no se preocupara del conflicto que tenían en su momento".
Ello, explicó, porque en el caso civil se mantenía una supuesta oferta para terminar el conflicto judicial bajo la vía de un avenimiento, pero "el Ministerio Público estima que simplemente fue una maniobra completamente distractiva de la parte de López y el propio López para simplemente desviar la atención de lo que iba a ocurrir".
Según a El Mercurio de Valparaíso, al caso se sumaría además un posible tráfico de influencias. Ello, ya que en las escuchas telefónicas de López se logró captar llamadas a una persona identificada como C. Aguirre, quien fue descrita por Kramar como alguien "con ciertos poderes especiales para ayudar a las personas" y fue definido en la indagatoria como "el tarotista".
El 11 de julio, López le habría dicho que tenía un amigo con problemas en la justicia, aludiendo al supuesto sicario, y confirmando el delito de homicidio. Así también, le dio la fecha de nacimiento de la persona que quería asistir, la que coincide con la del extranjero formalizado hace poco más de dos meses.
Aguirre, en tanto, le habría pedido nombres de miembros del Poder Judicial "para poder influenciar".
