El 3° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago condenó este martes a Alejandro Carvajal Gutiérrez (20) como autor del delito frustrado de incendio, el cual afectó la sede de Universidad Pedro de Valdivia, ubicada en las cercanías de Plaza Baquedano, a fines del año pasado.
El hecho en cuestión ocurrió en medio de las protestas que gatilló el estallido social del 18 de octubre. La sentencia aplicada será comunicada por el tribunal el próximo 22 de septiembre, a las 15:00 horas.
En dicha oportunidad también se indicará si la sanción será cumplida como
solicitó la fiscalía metropolitana Oriente o en libertad.
De acuerdo a la acusación del Ministerio Público, los hechos en cuestión ocurrieron pasadas las 19:00 horas del 8 de noviembre, cuando el condenado, de entonces 19 años, "se encontraba participando de una manifestación que se llevaba a cabo en las inmediaciones de Plaza Baquedano".
El joven, relata el escrito, ingresó junto a otros sujetos no identificados al inmueble ubicado en avenida Vicuña Mackenna, "lugar donde un incendio intencional se propaga a diversas dependencias del edificio".
"El acusado, en circunstancias que las llamas quemaba unas cortinas del inmueble, se aproxima y arroja un líquido combustible acelerante que se contenía en un recipiente que llevaba consigo, contribuyendo a aumentar y expandir el fuego que ya se había iniciado al interior del edificio, para luego darse a la fuga del lugar, siendo posteriormente detenido", sostuvo el ente persecutor, el calificó lo ocurrido como incendio consumado y no frustrado.
Ante la condena, el fiscal Álvaro Pérez manifestó: "Nos encontramos conformes porque el tribunal, con la prueba que se ha rendido, ha dado por acreditado los hechos (...) valoró los medios de prueba, las evidencias, testimonios de funcionarios de Carabineros que se encontraban en el lugar, que registraron fílmicamente las conductas desplegadas por el acusado (...) además de las pericias que determinaron que dentro de la mochila que llevaba el imputado se encontraron líquidos inflamables".
Por el hecho, el ente persecutor solicitó cinco años de presidio efectivo.
