El secretario del Senado, Raúl Guzmán, estaría evaluando recurrir hasta el Tribunal Constitucional (TC) por la investigación penal que se sigue en su contra, tras haber asistido a un restaurante durante la pandemia del covid-19, situación que a juicio del Ministerio Publico implicó la comisión de un delito contra la salud pública.
Así lo deja entrever el escrito que el defensor penal público Eduardo Camus presentó ante el 11° Juzgado de Garantía en representación de Guzmán, quien fue suspendido de alguna de sus funciones en el Congreso Nacional por el caso.
"En virtud a lo establecido en el artículo 79 inc. 2º de la Ley Nº 17.997, Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional", Camus pidió al tribunal
entregar un certificado que acredite la existencia de la causa; el estado en que se encuentra esta y si existen gestiones pendientes; la calidad de interviniente que le corresponde tanto a él como a Guzmán, y el nombre y domicilio de todas las partes.
El documento en cuestión, confirmó Emol, es necesario para acreditar la existencia de una causa vigente y recurrir al TC mediante algún requerimiento, el cual podría implicar un retraso en la causa. A la fecha, aún no se habría ingresado alguno.
El 11° Juzgado de Garantía, en tanto, entregó la información solicitada indicando, entre otras cosas, que Guzmán
tiene calidad de imputado en la causa, y que se fijó audiencia de formalización para el 19 de noviembre a las 09:00 horas.
La petición del defensor de Guzmán se realizó un día después de fijada la audiencia de imputación de cargos en contra quien fue en su oportunidad fiscal del Ministerio Público y otras cinco personas.
A la formalización, Guzmán suma una multa de $2,5 millones por parte de la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, sanción que también se determinó para sus dos acompañantes del abogado: un fiscal y un abogado asesor de la jurisdicción que hace unos años Guzmán dirigió.
