Luego de que se conociera que la Defensoría Penal Pública recurrió al
Tribunal Constitucional (TC) en representación del
secretario del Senado, Raúl Guzmán, con el fin de dejar sin efecto su formalización, en el marco de la investigación penal que se sigue en su contra tras haber asistido a un restaurante durante la pandemia del covid-19, el
Ministerio Público reiteró su
"convicción de que existe ilicitud" en los hechos.
Cabe recordar que esta jornada, el defensor penal público Eduardo Camus y los abogados penalistas Marcela Bustos, Javier Ruiz, Claudio Fierro y Sebastián Undurraga, acudieron al TC, apelando a la inaplicabilidad de inconstitucionalidad de artículo 318 del Código Penal, referido a delitos contra la salud pública.
Esto luego de que la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, solicitara la formalización de Guzmán, imputándolo de infringir las medidas sanitarias tras acudir el 25 junio a un restaurante de mariscos de San Miguel, pese a la cuarentena y la prohibición de funcionamiento que regía en la comuna.
En el escrito, los defensores esgrimen que "sancionar la norma impugnada al que pone en peligro la salud pública por 'infracción de las reglas higiénicas o de salubridad, debidamente publicadas por la autoridad', lo que se está haciendo no es más que reconducir el núcleo esencial de la norma penal a cuerpos normativos de rango inferior, en el caso concreto, meras resoluciones exentas dictadas por el ministerio de Salud".
"Siguiendo esta misma línea argumental -advierten-, la doctrina nacional ya ha comenzado a cuestionar la constitucionalidad de la norma impugnada".
Según plantean los abogados, "el artículo 318 exige algo más que la mera infracción a las reglas sanitarias (…) La sola profusión de prohibiciones y obligaciones de tan distinta naturaleza demuestra que no se trata de un complemento de una conducta básica contenida en la ley".
Con lo anterior, desde el Ministerio Público informaron la acción está "dentro de las facultades del imputado", por lo que se "analizará con detención el requerimiento presentado ante el Tribunal Constitucional y, posterior a ello, adoptará una postura jurídica al respecto".
Sin embargo, reiteraron su "convicción de que existe ilicitud en el actuar del imputado y se buscará hacer efectiva su responsabilidad".
Finalmente, la declaración añade que la fiscalía "reafirma su compromiso con la persecución penal de los delitos que pongan en riesgo la salud de las personas en el tiempo de pandemia".
