La Segunda Sala del Tribunal Constitucional (TC) acogió a trámite el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por el secretario del Senado, Raúl Guzmán, respecto del artículo 318 del Código Penal, pero rechazó suspender su formalización.
Dicha norma sanciona al que "pusiere en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad, debidamente publicadas por la autoridad, en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio, será penado con presidio menor en su grado mínimo a medio o multa de seis a doscientas unidades tributarias mensuales".
El TC informó además que "en igual sesión se acordó,
por unanimidad, denegar la solicitud de suspensión del proceso penal que se sigue contra el requirente".
Además, el organismo confirió un plazo de diez días a las partes para que formulen observaciones respecto de la admisibilidad del requerimiento de Guzmán, investigado por haber asistido a un restaurante en San Miguel, en medio de la cuarentena por el covid-19, en junio pasado.
Los abogados del ex fiscal regional sur, pertenecientes a la Defensoría Penal Pública Metropolitana Sur, recurrieron para impugnar la aplicación del artículo 318, ante la pregunta de si se puede poner en riesgo la salud pública si no se está contagiado, y suspender la formalización fijada para el 19 de noviembre.
En el escrito los abogados (el defensor penal público Eduardo Camus y los abogados penalistas Marcela Bustos, Javier Ruiz, Claudio Fierro y Sebastián Undurraga) argumentan que "sancionar la norma impugnada al que pone en peligro la salud pública por 'infracción de las reglas higiénicas o de salubridad, debidamente publicadas por la autoridad', lo que se está haciendo no es más que reconducir el núcleo esencial de la norma penal a cuerpos normativos de rango inferior, en el caso concreto, meras resoluciones exentas dictadas por el ministerio de Salud".
Lo anterior fue cuestionado por la Fiscalía que insistió en la "ilicitud" de los hechos.
