La noche de este lunes se dio a conocer el informe que el ministro de Salud, Enrique Paris, envío a la Corte Suprema, tras la solicitud que realizó ésta para que explicara sus razones para denegar la entrega de los correos electrónicos del ex titular de la cartera Jaime Mañalich.
La solicitud del máximo tribunal se enmarcó en la petición de resolución de controversia que ingresó el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, por la negativa del secretario de Estado, esto ante la investigación que realiza el Ministerio Público por presuntas deficiencias detectadas en la forma de contabilizar el número de personas fallecidas durante la pandemia.
En el documento, el actual ministro de Salud explicó que la "realización de una diligencia de incautación (...) compromete el acceso y examen de documentos e información de carácter reservado, cuyo conocimiento puede afectar la seguridad nacional, en medio de las acciones del Ministerio que dirijo, para controlar dicha pandemia" y viola la privacidad de los datos de los pacientes.
La autoridad sanitaria detalló que las decisiones adoptadas por el Ministerio de Salud se encuentran enmarcadas en un Estado de Excepción Constitucional que ha significado que "el Ministerio que encabezo, en coordinación con distintos Jefes de Defensa Nacional, hemos determinado todas aquellas medidas destinadas a evitar la propagación del virus".
En dicho contexto, aseguró que cualquier referencia a comunicaciones sostenidas electrónicamente y que" refieren a materias vinculadas a la adopción e implementación de decisiones reservadas, estratégicas y logísticas" pueden afectar el desarrollo de la estrategia que se desarrolla actualmente contra la pandemia del coronavirus.
En el documento, Enrique Paris explicó, como primera justificación, que la información requerida por el Ministerio Público podría afectar la adquisición de "implementos necesarios para enfrentar la crisis sanitaria, en un contexto de una verdadera 'guerra comercial y política' entre potencias mundiales, con riesgos de incautación en cualquier territorio", lo que podría afectar la recepción de estos insumos y su utilización a nivel nacional.
Planteó que una posible publicación pone "en juego la estrategia sanitaria, en un entorno especialmente complejo, donde los distintos países han estado sujetos a las mismas limitaciones y escasez de recursos".
Además, detalló que los correos electrónicos tenían datos relacionados al despliegue de las Fuerzas Armadas a nivel nacional ante la crisis sanitaria. "La destinación de recursos y efectivos policiales, y especialmente militares, a labores estratégicas y logísticas, cuya información en detalle, es evidentemente relevante para la seguridad nacional".
"Hoy se encuentra iniciando en los países del hemisferio norte, la denominada 'segunda ola', lo que hace necesario, que tanto el Ministerio de Salud como las Fuerzas Armadas resguarden la información que de divulgarse podría ser contraproducente a las decisiones presentes", agregó.
El ministro expuso que otra de las razones ante su negación fue el "carácter reservado de la información" solicitada, ya que corresponde a datos sensibles relacionados a los pacientes. Detalló que el Ministerio Público se refirió "sólo y categóricamente a 'datos', sin especificar y además la solicitud "no se ha formulado en términos tales que pueda sostener que se ha dado cumplimento a las exigencias de la ley, que facultan a un juez de garantía a entregar información relativa a los pacientes".
Explicó que la Fiscalía "al parecer obvia los artículos que establecen como causal de reserva de acceso a información aquello 'que afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada', lo que no puede ser desconocido, sobretodo si estamos en presencia de una solicitud en exceso amplia".
Señaló que la petición del Ministerio Público "no se limita a ninguna forma, ni en razón de materia, ni en razón de tiempo, ni respecto de comunicaciones relevantes, o siquiera pertinentes, ni para el esclarecimiento de los hechos objeto de la investigación".
Por último realiza una crítica al juez Darwin Bratti, quien autorizó solicitar los correos electrónicos de Mañalich, de su ex jefa de gabinete Itziar Linazasoro y la subsecretaria Paula Daza. "(El juez) incumplió el estándar legal requerido por el Artículo 236 del Código Penal en la resolución que autorizó la diligencia intrusiva".
Añade que para Bratti, "el sólo hecho de investigar un delito, es suficiente razón para autorizar cualquier diligencia que el Ministerio Público pretenda, aunque sea imprecisa, vaga, indeterminada y que conculque derechos garantizados por la Constitución y las leyes".
"No existe ánimo alguno de obstruir la investigación que el Ministerio Público desarrolla, pero no puede validar defectos de procedimiento", finalizó.
